Recientemente, los medios de comunicación dieron a conocer el “Acuerdo por el Bien Común de Bolivia”, el cual representa un giro relevante en el discurso político al incluir una exhortación a la Asamblea Legislativa Plurinacional para viabilizar y acelerar la aprobación de créditos internacionales.
Este cambio de postura resulta especialmente significativo dado que, se sumaron diferentes actores políticos que anteriormente adoptaron una posición crítica y promovieron un bloqueo sistemático de dichos créditos en la Asamblea, lo cual confirma que la paralización legislativa no fue un hecho circunstancial, sino una estrategia deliberada.
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En el contexto internacional, los créditos externos constituyen una herramienta ampliamente utilizada por los Estados para complementar sus finanzas públicas y fomentar el desarrollo económico. Por ejemplo, instituciones como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) otorgan líneas de financiamiento con objetivos diferenciados, el FMI se enfoca en créditos para estabilizar la balanza de pagos o fortalecer las reservas internacionales y el BM canaliza recursos hacia proyectos de desarrollo en sectores como infraestructura, salud o cambio climático.
Estos recursos permiten a los Estados responder con mayor flexibilidad tanto a desafíos estructurales como coyunturales, facilitando la estabilización macroeconómica sin recurrir a políticas contractivas, promoviendo la inversión pública en infraestructura estratégica que dinamiza el crecimiento y la atracción de capital privado, entre otros.
En el caso de Bolivia, cuando un crédito internacional es aprobado, el organismo financiador realiza el desembolso en divisas (como dólares o euros), que ingresan al Banco Central de Bolivia, el cual convierte esos fondos en moneda nacional (bolivianos) y los entrega al beneficiario final, permitiendo así financiar proyectos sin afectar negativamente las reservas internacionales, no obstante, este mecanismo depende de la aprobación previa de la Asamblea, lo que actualmente ha generado un cuello de botella crítico.
La falta de aprobación oportuna de estos créditos ha tenido consecuencias económicas directas y significativas, la inyección de liquidez que habrían permitido financiar proyectos que generen empleo y un alivio de la especulación cambiaria, reactivar cadenas productivas, fortalecer reservas internacionales, garantizar importaciones esenciales como medicamentos, insumos agrícolas o hidrocarburos, y mitigar presiones inflacionarias externas.
El bloqueo legislativo ha impedido estos beneficios, profundizando así el deterioro de la situación económica del país. Como resultado, permanecen paralizados en la Asamblea varios créditos internacionales por montos significativos, entre ellos destaca un préstamo de USD 100 millones otorgado por la Agencia de Cooperación Internacional del Japón, que ofrece condiciones extraordinariamente favorables: una tasa de interés del 0,01% y un período de gracia de cuatro años.
La obstrucción sistemática de estos recursos ha trascendido el ámbito de la confrontación política, convirtiéndose en un mecanismo de asfixia económica, lo cual deja entrever una lección importante: la ingobernabilidad ocasionada por el bloqueo político en la Asamblea tiene un costo, y hoy ese costo lo asume la ciudadanía.
(*) Walter Marañón Quiñones es economista
