La Alianza Popular, liderada por Andrónico Rodríguez y Mariana Prado, presenta un programa de gobierno que combina memoria histórica, enfoque técnico y una voluntad de transformación. Su plan busca enfrentar la crisis estructural que atraviesa Bolivia mediante una reingeniería del modelo económico y la construcción de un nuevo Estado, más planificador, eficiente y orientado al bienestar social.
Desde hoy, La Razón presenta la síntesis de los 10 programas de gobierno rumbo al 17 de agosto, según el orden en que figuran en la papeleta electoral.
Una propuesta con memoria, técnica y rumbo al futuro
La Alianza Popular define su propuesta como un ejercicio de “renovación con memoria”: no se trata de desechar el proceso iniciado en 2006, sino de revitalizarlo a través de un enfoque técnico y estratégico. Rodríguez, actual presidente del Senado y dirigente cocalero del trópico cochabambino, representa, según el programa, un liderazgo con raíces populares y una visión abierta a la innovación y la planificación.
El proyecto combina la continuidad de principios fundamentales —como la justicia social, la soberanía y la plurinacionalidad— con una nueva racionalidad institucional. Plantea un Estado que funcione bajo criterios técnicos y éticos, con servicios públicos más eficientes, organismos menos burocráticos y un enfoque redistributivo que privilegie a los sectores vulnerables.
Diagnóstico crítico y plan anticrisis
El diagnóstico económico que plantea la Alianza Popular es severo: identifica una economía estancada, con un déficit fiscal superior al 12% del PIB, inflación creciente, reservas internacionales menguantes y una balanza comercial negativa. El programa atribuye esta situación al agotamiento del modelo extractivista basado en los hidrocarburos y a una elevada dependencia de las importaciones.
Frente a este panorama, se propone una política de austeridad fiscal que no afecte derechos ciudadanos, sino que recorte privilegios y gastos superfluos. Esto incluye la reducción de salarios elevados en el sector público, la fusión de entidades públicas con las misma función y la congelación de ítems innecesarios. Además, se busca reorientar el gasto hacia inversiones con alto retorno social y económico, priorizando obras que utilicen insumos nacionales. También se plantea eliminar subsidios generalizados, reemplazándolos por ayudas focalizadas para los sectores más vulnerables.
Estabilidad económica y generación de divisas
Uno de los pilares del plan es la estabilización macroeconómica, mediante el impulso a las exportaciones, el turismo y la producción aurífera. El programa propone apoyar estas actividades con créditos concesionales y políticas de incentivo para generar divisas, además de implementar un proceso sostenido de sustitución de importaciones.
En paralelo, se proyecta una renegociación transparente de la deuda externa y una auditoría ciudadana que garantice la sostenibilidad del endeudamiento público. También se contemplan mecanismos de contención de precios mediante acuerdos solidarios con productores, subsidios productivos y ferias directas entre productores y consumidores. Estas medidas se complementarán con controles estrictos para evitar el acaparamiento y la especulación.
Hacia una economía productiva y del conocimiento
La Alianza Popular apuesta por una economía productiva y del conocimiento. Propone políticas activas para generar empleo juvenil, formalizar el trabajo informal, fortalecer la participación de las mujeres en el mercado laboral y fomentar nuevos emprendimientos.
La innovación es un eje central: el programa promueve el desarrollo de ciencia y tecnología, el fortalecimiento universitario, los incentivos fiscales para sectores tecnológicos y la transformación digital de la economía. Además, plantea la reestructuración de las empresas estatales estratégicas y su articulación con el sector privado mediante alianzas transparentes.
En el plano tributario, se analiza la posibilidad de eliminar el Impuesto a las Transacciones (IT), se digitalizará el sistema fiscal y se aplicará una política de premios para contribuyentes cumplidos. La lucha contra el contrabando y la evasión fiscal se intensificará con herramientas tecnológicas y operativos de inteligencia económica.
Estado planificador y modelo de desarrollo integral
El rediseño estatal propuesto contempla ocho ejes estructurales:
- Justicia social y redistribución real de la riqueza
- Unidad en la diversidad y afirmación del Estado Plurinacional
- Democracia participativa, tolerante y renovada
- Soberanía nacional con proyección internacional
- Estado técnico, planificador y al servicio del pueblo
- Economía diversificada, segura y sostenible
- Ética pública, fortalecimiento institucional y lucha contra la corrupción
- Inclusión, igualdad y garantía de derechos
Estos ejes atraviesan todas las propuestas del plan y configuran un modelo de desarrollo integral, enfocado en la equidad, la eficiencia pública y el respeto a la diversidad sociocultural del país.
Ver también: Radiografía electoral: Diez modelos de futuro para Bolivia
Propuestas distintivas del plan de Andrónico
Algunas propuestas sobresalen por su innovación y detalle técnico. Entre ellas destaca la apuesta por la industrialización soberana del litio, con una nueva Ley de Minería y la modernización de COMIBOL. Se propone además un sistema de salud inteligente que incorpore inteligencia artificial y producción nacional de medicamentos.
En justicia, se plantea una transformación profunda que incluya expediente judicial electrónico, despolitización de las altas cortes y fortalecimiento de la justicia comunitaria. En materia energética, se promueve una transición hacia fuentes renovables, con un “impuesto verde” que financie la economía circular.
También se proyecta una política exterior de Estado con horizonte al año 2050, enfocada en los intereses estratégicos de Bolivia en torno al litio, el agua, la biodiversidad y la integración regional.
Políticas sociales y gobernabilidad
En el ámbito social, el programa propone universalizar el acceso a salud y educación, con énfasis en calidad, inclusión y tecnología. En salud, se prioriza la atención primaria, la medicina preventiva y el fortalecimiento del personal mediante una nueva Ley del Trabajo. Se plantea también la incorporación de saberes ancestrales como parte del sistema público.
En el ámbito educativo, se impulsará una reforma pedagógica centrada en el estudiante, la ética ciudadana, la formación técnica y el vínculo universidad-sociedad. Respecto al sistema judicial, el enfoque es técnico y autónomo, con especial atención a la lucha contra la corrupción y la impunidad.
En cuanto a la gobernabilidad, el plan propone un Estado transparente, con instituciones digitalizadas y una ciudadanía vigilante. La rendición de cuentas, la eficiencia administrativa y el control social son pilares para lograr una administración pública moderna y confiable.
En términos de gobernabilidad, el plan propone un Estado transparente, con instituciones digitalizadas y una ciudadanía vigilante. La rendición de cuentas, la eficiencia administrativa y el control social son pilares para lograr una administración pública moderna y confiable.
Política exterior con visión de Estado
La propuesta de política internacional de la Alianza Popular se articula como una diplomacia soberana y estratégica, centrada en los intereses nacionales y el desarrollo productivo. El plan contempla una Política Exterior de Estado 2025–2050 que garantice continuidad y coherencia en la proyección internacional de Bolivia, independientemente de los ciclos políticos.
Entre las prioridades están la reestructuración del servicio diplomático para profesionalizar su accionar, la proyección del país en bloques regionales como la CELAC, UNASUR y MERCOSUR, y la integración del Corredor Bioceánico como eje estratégico de conexión continental. Asimismo, se plantea una geopolítica de los recursos naturales —litio, agua y biodiversidad— como base de la diplomacia, junto con una diplomacia climática, cultural y de los pueblos.
En cuanto a los bolivianos en el exterior, se promete fortalecer la protección consular, el derecho al voto y programas de retorno seguro. Además, se propone intensificar la cooperación internacional contra delitos como el contrabando y la trata de personas.
