Alianza Unidad propone un plan de gobierno para recuperar la economía y ordenar el Estado en los primeros 100 días de gobierno, con medidas inmediatas en finanzas públicas, empleo y justicia.
En su novena entrega, La Razón sigue desmenuzando los planes que buscan gobernar Bolivia. Hoy, el turno es del noveno proyecto presentado ante el Tribunal Supremo Electoral.
Plan de choque
La propuesta parte de un diagnóstico claro: el modelo económico actual, basado en el extractivismo y el gasto estatal sin control, ha llegado a su límite. Alianza Unidad plantea una transición hacia una economía de oportunidades, sustentada en la estabilidad macroeconómica y la disciplina fiscal.
Para ello, se activará un Programa de Ajuste Integral con financiamiento internacional, que permitirá recuperar liquidez en el mercado interno y aliviar las presiones inflacionarias. La renegociación de créditos aprobados pero no desembolsados es una de las principales fuentes de recursos estimadas en $us 3.500 millones.
Las primeras acciones incluirán una reducción del 20% del gasto corriente, el cierre de empresas estatales consideradas inviables y la reforma de otras como YPFB, ENTEL y BOA bajo criterios de eficiencia. Además, se eliminará el impuesto a las transacciones financieras (ITF) y se establecerá un tipo de cambio flexible con supervisión del Banco Central.
Apuesta por el emprendimiento
El modelo productivo propuesto por la alianza se basa en una alianza estratégica entre el Estado, el sector privado y los trabajadores. Este nuevo enfoque busca dejar atrás el control estatal excesivo y fomentar la generación de riqueza desde el tejido productivo.
Uno de los objetivos clave es impulsar un millón de nuevos emprendimientos a nivel nacional. Para lograrlo, se contempla la creación de espacios de coworking, acceso a financiamiento con garantías públicas, capacitación digital y acompañamiento técnico permanente.
Asimismo, la reforma educativa integrará contenidos como programación, inglés y educación financiera desde secundaria, alineando el sistema formativo con las necesidades del mercado laboral.
En el corto plazo, se priorizará el desarrollo de infraestructura en ciudades intermedias para convertirlas en polos industriales regionales. Estas zonas funcionarán como áreas económicas especiales, orientadas a la exportación de bienes y servicios no tradicionales.
Reforma institucional
La propuesta de Alianza Unidad también busca una transformación profunda del sistema institucional boliviano. En los primeros días de gestión se enviará al Legislativo un proyecto de ley para prohibir la reelección presidencial en todas sus formas.
Del mismo modo, se convocará a un referéndum nacional para eliminar el Tribunal Constitucional Plurinacional, considerado por la alianza como un instrumento de control político del anterior régimen. En paralelo, se emitirá un decreto para detener los procesos judiciales con tinte político.
La creación de una Comisión Ciudadana de Auditoría del Gasto Público será uno de los pilares del nuevo sistema de control. Esta comisión tendrá acceso directo a la información financiera del Estado y podrá emitir recomendaciones vinculantes.
Se implementará, además, una agenda de digitalización estatal, eliminando la burocracia y asegurando la trazabilidad de todas las decisiones y contrataciones públicas.
Bonos protegidos
En el plano social, Alianza Unidad se compromete a mantener los programas de transferencias condicionadas que actualmente benefician a poblaciones vulnerables. Los bonos Juancito Pinto, Juana Azurduy y Renta Dignidad continuarán vigentes.
Su financiamiento, sin embargo, estará sustentado en reasignaciones presupuestarias y medidas de austeridad fiscal, no en subvenciones insostenibles. Se prevé la creación de un Registro Social de Hogares actualizado, que permita focalizar mejor los recursos y evitar filtraciones.
Este sistema modernizado permitirá también implementar nuevas ayudas con base en criterios objetivos, priorizando a niños, mujeres, personas mayores y población con discapacidad en situación de pobreza.
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Educación
En los primeros tres meses se pondrá en marcha un Plan Nacional para Institutos Técnicos, que funcionará en alianza con universidades, empresas y gobiernos locales. Estos centros ofrecerán formación corta en carreras de alta empleabilidad.
El sector salud también tendrá cambios inmediatos. Se digitalizará el sistema público, se implementará la historia clínica única y se conectarán los hospitales a nivel nacional. Esto mejorará la eficiencia en la atención y permitirá el uso inteligente de recursos.
Se fortalecerá la atención primaria, con infraestructura integrada que incluya guarderías, centros de nutrición y espacios de salud mental y geriátrica. Todo bajo un modelo de gestión plural, con participación de actores públicos, privados y sin fines de lucro.
Política exterior
La estrategia internacional de Alianza Unidad apunta a posicionar a Bolivia como un actor confiable en el escenario global. Para ello, se reintegrará plenamente al sistema interamericano de derechos humanos y se recuperarán los vínculos con organismos como FMI, BID, CAF y BM.
El plan también contempla firmar nuevos acuerdos comerciales bilaterales y multilaterales, priorizando relaciones con vecinos, potencias emergentes y bloques regionales como la CAN y Mercosur. La apertura comercial irá acompañada de garantías jurídicas para atraer inversión extranjera directa.
La diplomacia boliviana, según el documento, se regirá por criterios técnicos, respeto mutuo y promoción de intereses estratégicos, dejando de lado la confrontación ideológica.
