A pesar de los avances en el acceso a mejores condiciones habitacionales durante los últimos 12 años, en Bolivia tres de cada diez viviendas aún se encuentran en situación de hacinamiento, según datos del Censo de Población y Vivienda de 2024.
Los datos muestran que, aunque aumentaron los hogares sin este problema, departamentos como Chuquisaca, Potosí, Oruro y Santa Cruz mantienen altos niveles de hacinamiento, lo que evidencia que esta problemática continúa en miles de familias y se constata que el déficit habitacional persiste como un desafío estructural.
De acuerdo con los datos comparativos, entre 2012 y 2024, los hogares sin hacinamiento pasaron del 63,5% (1,7 millones) al 71,8% (2,6 millones) a nivel nacional, lo que muestra un avance sostenido en la calidad de la vivienda.
Sin embargo, el 13,1% (475.919) de hogares sigue viviendo en condiciones de hacinamiento medio y el 15% (544.855) en hacinamiento alto, lo que refleja que, si bien hubo mejoras, un tercio de la población aún enfrenta limitaciones en el acceso a espacios habitacionales adecuados.
Estadística.
El hacinamiento medio es un término utilizado en censos y estadísticas de vivienda para describir la situación en la que en una vivienda habitan, en promedio, hasta dos personas por dormitorio. En cambio, se considera hacinamiento alto cuando más de tres personas comparten un mismo dormitorio.
En el país existen 4.480.201 viviendas, de las cuales 4.463.773 son particulares y 16.428 son viviendas colectivas, de acuerdo con los datos del INE y del último censo.
Se entiende por vivienda colectiva a los espacios destinados al alojamiento de personas que residen bajo un régimen institucional —no familiar—, regulados por normas de convivencia de carácter administrativo, militar, religioso, sanitario, educativo u otros similares.
De 4,4 millones de viviendas registradas, 3,6 millones están habitadas, medio millón tienen moradores ausentes y 338.000 permanecen vacías.
De las 3,6 millones viviendas con personas presentes, 2,38 millones están en el área urbana y 1,23 millones en el área rural.
Los datos también muestran, además, que 3,06 millones de viviendas son casas, chozas o pahuichis; mientras que 221.716 son departamentos y 22.986 son viviendas improvisadas. Además, se registraron 296.540 cuartos o habitaciones sueltas y 14.978 establecimientos no destinados a vivienda.
Hacinamiento
De los 3,6 millones de hogares habitados, 2,6 millones cuentan con espacio suficiente, en tanto 475.919 presenta hacinamiento medio y 544.855 tienen hacinamiento alto. Es decir, 1,02 millones hogares continúan en condiciones de hacinamiento en el país.
De esa cifra, el 65,9% (2,38 millones) se encuentran en el área urbana, en tanto el 34,1% (1,2 millones) está en área rural.
Respecto a los departamentos, Beni (38,6%) y Pando (38,4%) presentan la mayor proporción de viviendas con problemas de espacio, lo que significa que más de un tercio de los hogares en estas regiones viven con déficit habitacional.
En tercer lugar, se ubica Chuquisaca (34,3%), seguida de Santa Cruz (32,1%) y Oruro (31%), que también superan el 30% de viviendas con hacinamiento.
Un nivel ligeramente inferior se observa en Potosí (30,5%) y Tarija (27,1%), mientras que La Paz (24,6%) presenta un índice menor, aunque aún considerable.
En contraste, Cochabamba (12,8%) registra la menor incidencia de hogares con problemas de espacio, muy por debajo del promedio nacional. Los datos reflejan una marcada desigualdad regional; mientras en algunos departamentos el hacinamiento afecta a casi 4 de cada 10 viviendas, en otros apenas supera 1 de cada 10.
Sobre el número de viviendas ocupadas con personas presentes por cuarto, los datos muestran que el 81,7% de los hogares (2,9 millones) dispone de hasta dos personas por habitación, lo que representa condiciones habitacionales aceptables. En contraste, el 14% (537.489) alberga entre dos y cuatro personas por cuarto, el 2,7% (97.778) entre cuatro y seis personas y un 0,7% (26.886) superan las seis personas por dormitorio, lo que refleja un nivel crítico de hacinamiento.
A nivel departamental, se evidencian marcadas diferencias regionales en el promedio de personas por habitación. La Paz (86,1%), Cochabamba (85,1%) y Chuquisaca (81,9%) concentran la mayor proporción de hogares con hasta dos personas por dormitorio.
Sin embargo, el panorama es distinto en Beni (69%) y Pando (70%) donde tienen los porcentajes más bajos de viviendas con hasta dos personas por cuarto y, a la vez, los más altos de hogares con más de cuatro personas por habitación (Beni 7,3% y Pando 6,2%), lo que refleja un hacinamiento estructural persistente.
En el eje central, Santa Cruz registra un 76% de hogares con hasta dos personas por habitación, pero también se ubica entre los departamentos con mayor presión habitacional, es decir, un 4,7% de sus viviendas superan las cuatro personas por dormitorio. Oruro (4,2%) y Potosí (3,5%) también presentan porcentajes elevados de hacinamiento.
En contraste, Tarija (2,7%), Cochabamba (2,5%) y La Paz (2,4%) muestran las cifras más bajas de hacinamiento alto, lo que evidencia mejores condiciones de vivienda en relación con otras regiones del país.
Según el tipo de tenencia de las viviendas, el 72,2% de los hogares son propias, ya sea totalmente pagadas o en proceso de pago, lo que evidencia que la propiedad sigue siendo la forma predominante de tenencia en el país.
En contraste, el 14% de las familias vive en viviendas alquiladas, consolidando al alquiler como la segunda modalidad más extendida. Los contratos de anticrético (2,8%) y mixtos (0,2%), aunque minoritarios, mantienen presencia en las principales ciudades, donde el mercado inmobiliario es más dinámico.
Asimismo, el 7,4% de los hogares ocupa viviendas prestadas por familiares o amigos. Las viviendas cedidas por servicios (1,3%) y aquellas clasificadas como otras formas (1,9%) corresponden a situaciones de mayor informalidad o a acuerdos no convencionales de tenencia.
A nivel nacional, el déficit habitacional sigue siendo un desafío estructural. En julio, el director de la Cámara Boliviana de Desarrolladores Inmobiliarios (CBDI), Juan Pablo Saavedra, reveló a La Razón que en el país más de 1,5 millones de familias no cuentan con una vivienda digna, lo que equivale al 40% de los hogares del país.
Según explicó, muchas familias viven en casas con piso de tierra, paredes de madera, sin servicios básicos o en condiciones de hacinamiento. El dato fue confirmado a partir de un estudio realizado por el Affordable Housing Institute, con apoyo de la Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra (UPSA).
Saavedra indicó que, pese a que el crédito de vivienda social benefició a más de 100.000 familias desde su creación en 2011, el promedio anual de 10.000 soluciones habitacionales resulta insuficiente.
Asimismo, estableció que el déficit de viviendas en Bolivia es de aproximadamente 30.000 viviendas al año y para ir cerrando esa enorme brecha, se necesita construir 40.000 viviendas al año, especialmente en el eje central donde se concentra la mayor demanda.
Crecimiento
Luis Fernando Romero, presidente del Colegio de Economistas de Tarija, advirtió que el crecimiento urbano descontrolado y la falta de viviendas accesibles están profundizando la crisis habitacional.
Señaló que el creciente déficit habitacional y el hacinamiento en las ciudades son reflejo de una urbanización acelerada y desorganizada, impulsada por la migración del campo a la ciudad.
Explicó que el reciente Censo 2024 revela una marcada concentración urbana, lo que genera una fuerte presión sobre el mercado inmobiliario, los servicios básicos y la infraestructura urbana. “Se ha evidenciado un crecimiento poco planificado de las manchas urbanas en el país, sobre todo en el eje central”.
Entre los factores que agravan esta problemática, Romero mencionó la falta de viviendas accesibles, especialmente de interés social, el difícil acceso a suelo urbanizado con titulación legal, el limitado financiamiento para la construcción y compra de viviendas, y la baja capacidad adquisitiva de muchas familias.
La migración interna, aseveró, continúa expandiendo los asentamientos informales en las ciudades, elevando los precios de terrenos y alquileres, y aumentando la demanda habitacional sin que exista una respuesta efectiva del Estado. “Esto genera una necesidad de viviendas rápidas, asequibles y con servicios básicos, que el gobierno no puede atender”, dijo.
El economista también alertó sobre los riesgos sociales y sanitarios del hacinamiento, entre ellos un mayor índice de enfermedades por falta de servicios, estrés, problemas de salud mental, violencia familiar, y dificultades para el estudio en menores por la falta de espacios adecuados.
