La ecuación no se discute, se la asume casi como natural: solo vendrán tiempos mejores después de un gran ajuste macroeconómico. Hay que sufrir para salvarse y aceptarlo con cristiana contemplación. Ese es el sueño húmedo tecnocrático conservador. Sin embargo, el problema es que suelen ser pocos los que tienen tendencias masoquistas en la sociedad y muchos los que podrían cuestionarse sobre la distribución de los sacrificios, pero también de las ganancias que implica este proceso. La política debería justamente arbitrar esas cuestiones pues, en realidad, nada será fácil, automático y sin un brutal conflicto distributivo de por medio.
Empecemos por lo obvio, la situación económica es muy difícil, la inoperancia e irresponsabilidad del gobierno de Luis Arce han provocado una acumulación preocupante de desequilibrios fiscales, cambiarios y de precios.
Consulte: El lugar y momento correctos
Desde hace tres años, el gobierno no ha querido ver las evidencias, pateó para adelante los problemas, se dedicó a inventar parches cada vez más bizarros y no llevo a cabo ninguna política integral para enfrentar el deterioro de la estabilidad económica. Reconozcamos, entonces, que ya es un primer gran paso que la mayoría de candidatos hayan mencionado, aunque con matices, la urgencia de recobrar la estabilidad y para ello llevar a cabo un programa articulado de medidas y políticas.
Sin embargo, hay cierta tendencia a simplificar y romantizar las salidas a la crisis, fenómeno que no sería tan preocupante si no fuera porque está generando expectativas equivocadas en la ciudadanía sobre los sacrificios, beneficios, tiempos y modalidades del complejo periodo que se iniciará con el cambio de gobierno.
Aún más, la distorsión no concierne únicamente a la población, a la cual no se le explica que el ajuste o estabilización económica no será un proceso casi milagroso y rápido de recuperación después de algunos cuantos meses de sacrificios después de un “shock radical” liberalizador acompañado de una decena de miles de millones de dólares de buenos amigos extranjeros que nos ayudarán filantrópicamente a que todos podamos volver a tener dólares y gasolina baratos.
Las propias élites empresariales y políticas parecen intoxicadas en su propio relato que asume que “la mayoría” entiende y está dispuesta al sacrificio colectivo que se le pedirá, que se quedará contemplativa cuando los precios aumenten o la gasolina cueste dos o tres veces más que el precio actual.
El mito del supuesto acuerdo con del “cambio radical” les está llevando a subestimar incluso los datos políticos de la propia primera vuelta que muestran que las propuestas más explícitas que sostienen “el ajuste” no lograron superar su nivel histórico del 40% de votos emitidos. Entre izquierdas implosionadas, nulos y los heterogéneos votos para Paz-Lara, hay más de la mitad del país que no parece muy emocionado con el dictamen tecnocrático conservador. Eso lo muestran también varios estudios cualitativos que indican que la gente quiere estabilidad pero que, al mismo tiempo, rechaza alzas de precios indiscriminadas y que no quiere ser la única paganini del desaguisado, exige su parte de sacrificios a los poderosos.
Y la gente tiene cierta sabiduría en esta desconfianza. Está claro que el país no puede evitar un sinceramiento de los precios, una racionalización de la intervención y del gasto del Estado y un reordenamiento de su macroeconomía, pero no es cierto que hay una sola receta y menos aún que los sacrificios que eso implicará no se pueden distribuir de varias maneras y que en esa repartición incidirán criterios políticos y sociales.
Por tanto, eso de que “todos” nos tendremos que sacrificar es una media verdad, todos perderemos algo, en beneficio de un futuro colectivo mejor, pero cuánto perderá cada uno dependerá de las orientaciones de los gobernantes y de sus políticas. Y eso debería ser realizado con algunos mínimos criterios de justicia sino habrá descontento.
Por ejemplo, hay consenso en reducir el déficit fiscal, pero eso se puede hacer disminuyendo brutalmente el gasto social, pero también mejorando los ingresos del Estado exigiendo una contribución razonable a sectores empresariales, como el agroexportador, que pagan pocos impuestos por su principal activo, la tierra que el Estado les ha dotado, y que desde hace veinte años se favorecen de una masiva subvención estatal millonaria gracias al subsidio del diésel.
En resumen, ni la gente está totalmente convencida del cambio radical liberal, habrá pues que explicarlo y aterrizarlo a la realidad de las mayorías populares, ni el propio ajuste es una ecuación rígida, neutral y sin discusión política. Tampoco parece que será un proceso con resultados rápidos y sin posibilidad de retrocesos o momentos de crisis, basta ver los actuales apuros del programa de Milei en Argentina que está teniendo que ser nuevamente rescatado después de más de un año de “motosierra” fiscal y un acuerdo con el FMI de USD 20.000 millones. Por supuesto, se puede caer en la ingenuidad de creer que la racionalidad “ajustadora” funcionará social y técnicamente sin contratiempos, mucha suerte en la aventura.
(*) Armando Ortuño Yáñez es investigador social
