En los últimos días de la campaña electoral en Bolivia, una curiosa fiebre ha contagiado a ciertos sectores “progresistas” de la burguesía boliviana: la repentina urgencia de “llegarle al pueblo”. Algunos redescubren el credo de lo nacional-popular; otros desempolvan viejos manuales de socialdemocracia. No faltan quienes, con tono paternal, hablan de “empatía” hacia los pobres y la necesidad de “acercarse a ellos”. La escena sería conmovedora si no fuera tan cómica.
Detrás de esta súbita fascinación por lo popular se esconde una vieja impostura: la idea de que basta con invocar al pueblo para redimirlo. En la América Latina de caudillos, esa fe ha producido más frustraciones que conquistas. En Bolivia, muchos siguen elogiando la reducción de la pobreza durante el primer gobierno de Evo Morales, sin reconocer que aquel milagro fue tan breve como los precios del gas y los minerales que lo sustentaron. Hoy, bajo el mismo liderazgo y con un Estado exhausto, el país ha regresado a niveles de pobreza comparables a los de hace cuatro décadas.
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El relato triunfalista del falso socialismo boliviano ocultaba un teatro de excesos. No hubo diversificación productiva ni modernización institucional, ni inversiones y reformas esenciales en educación y salud. Hubo, sí, una orgía de gasto alimentada por el boom de las materias primas, por la estabilidad macroeconómica y la condonación que heredaron de los gobiernos “neoliberales” anteriores, a los que tanto denostaron. Aquella oportunidad histórica, con el ingreso de los mayores recursos de la historia del país, se dilapidó en subsidios, prebendas y propaganda. Y cuando se agotó el gas, se agotó también el relato.
La pobreza volvió, pero el mito sobrevivió: el mito de que los pobres son buenos por naturaleza, los ricos malos por definición y lo popular, virtuoso por esencia. Esa superstición moral, que confunde la dignidad con la pureza, convierte la miseria en una identidad y la desigualdad en una coartada.
En el fondo, lo que subyace en los sectores progresistas acomodados, es una superstición moral: la idea de que los pobres son buenos por definición, los ricos malos por axioma y lo popular, virtuoso por naturaleza. Es una inversión de la ética en la que la pobreza, en lugar de ser un problema que requiere solución, se convierte en una credencial de pureza. Como observó el maestro del cine español Luis Buñuel, quien entendía la miseria con la misma lucidez con que filmaba los sueños, la tragedia no reside en la pobreza, sino en la exaltación sentimental de los pobres.
Esa indulgencia sentimental tiene consecuencias políticas profundas. Justifica la mediocridad, reemplaza el mérito del ciudadano por la pertenencia étnica y anestesia cualquier debate sobre productividad, educación o innovación. Se adula al pueblo mientras se le condena a la dependencia. Se habla en su nombre, pero se le priva de lo único que podría emanciparlo: instituciones que funcionen, justicia independiente y un sistema que premie el esfuerzo y no la lealtad partidaria.
El verdadero desafío no es “acercarse al pueblo”, sino construir un país donde nadie necesite que lo salven. Donde la igualdad de oportunidades no sea una promesa electoral, sino una consecuencia del mérito, la ley y el trabajo. Librar a los ciudadanos de la pobreza y la discriminación sólo se logra creando condiciones estructurales de desarrollo individual para todos, no solo subsidios o discursos redentores.
La impostura de lo popular consiste, precisamente, en eso: en transformar la compasión en ideología y la desigualdad en excusa perpetua. Durante años, se nos vendió la pobreza como virtud y la demagogia como justicia social, mientras los mismos que prometían redención desde la retórica de los pobres se enriquecían con su miseria.
Pero el país no necesita más redentores: necesita constructores. Un próximo gobierno —si quiere rescatar a Bolivia de su letargo— deberá romper con esa sentimentalidad que glorifica la pobreza y paraliza el progreso. Deberá atreverse a una transformación profunda, que empiece por la educación y la salud, que promueva la productividad y la creatividad, que devuelva dignidad a la justicia y restablezca la independencia de los poderes.
Esa reconstrucción no será posible sin instituciones que garanticen derechos individuales, sin una revolución tecnológica que conecte al país con el siglo XXI, y sin un cambio cultural que reemplace los complejos de lo popular por el orgullo de lo posible.
El futuro no se construye apelando a la nostalgia del pueblo, sino a la inteligencia de los ciudadanos. La verdadera justicia social no surge del resentimiento, sino de la igualdad de oportunidades. Y eso exige dejar atrás el teatro de la compasión para entrar, de una vez por todas, en la era de la responsabilidad.
La demagogia sentimental ha sustituido la política por una liturgia de empatía que empobrece más de lo que redime.
(*) Jaime Aparicio Otero es abogado, diplomático de carrera, periodista y fue embajador de Bolivia ante la OEA
