El sector oleaginoso boliviano enfrenta un momento decisivo en su relación con el nuevo gobierno. Tras años de regulaciones restrictivas que han limitado la capacidad operativa de las industrias, las empresas buscan avanzar en acuerdos concretos para la liberación de exportaciones, la eliminación de bandas de precios en el mercado interno y la agilización de los procesos de devolución impositiva.
Jorge Amantegui, presidente de la Cámara Nacional de Exportadores de Oleaginosas de Bolivia (Caniob), es un actor clave en las gestiones del sector ante las nuevas autoridades del país. Desde su posición, el ejecutivo ha expuesto de manera directa las principales preocupaciones que afectan a las industrias oleaginosas, incluyendo las fiscalizaciones excesivas por parte de Impuestos Nacionales y las trabas existentes para las exportaciones. Su experiencia en el sector y su conocimiento de los desafíos estructurales que enfrenta la industria de la soya le permiten analizar el presente y futuro de este importante sector productivo boliviano.
Los Certificados de Devolución Impositiva (CEDEIM) son instrumentos mediante los cuales el Estado boliviano devuelve a los exportadores los impuestos pagados durante el proceso productivo de bienes exportados. Este mecanismo busca evitar que los productos bolivianos lleguen al mercado internacional con una carga tributaria que afecte su competitividad. Sin embargo, las demoras en la devolución de estos certificados han generado problemas de liquidez en las empresas, obligándolas a recurrir a préstamos bancarios para cubrir operaciones que podrían financiar con recursos propios, afectando así su capacidad operativa y su rentabilidad.
- ¿Cómo están avanzando las mesas con autoridades para la devolución impositiva mediante CEDEIM y la liberación de exportaciones?
Existen dos temas principales de preocupación que vienen afectando a las industrias y que hemos expuesto claramente a las nuevas autoridades: las fiscalizaciones extorsivas por parte de Impuestos Nacionales y las trabas existentes para las exportaciones.
En ese marco, creemos que las mesas de trabajo que se han constituido después de nuestro encuentro con el ministro de Economía (José Gabriel Espinoza) y el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) deben enfocarse en solucionar esos problemas y no ser unas típicas mesas de diálogo informativas, como aquellas a las que nos tenía acostumbrados el gobierno anterior.
Hasta ahora, los mensajes del nuevo gobierno son esperanzadores, toda vez que ha anunciado la eliminación de las trancas, tanto en las fiscalizaciones para la devolución de CEDEIM como en la eliminación de las bandas de precios y cupos (volúmenes) para el mercado interno, que son una condicionante que afecta a las exportaciones.
- En cuanto a las urgencias del corto plazo, ¿qué medidas considera prioritarias para asegurar liquidez en las empresas del sector mientras se consolidan esos acuerdos?
A corto plazo debería eliminarse la banda de precios fijos y cupos para los subproductos de soya en el mercado interno, porque distorsionan los precios reales al obligar a las empresas oleaginosas a vender por debajo de los precios de mercado, subvencionando a otros sectores de la economía boliviana. Además, estas limitaciones al mercado interno impactan negativamente en las exportaciones debido a que las condicionan con el cumplimiento de un abastecimiento que no se justifica, dado que el mismo mercado interno solo representa un 20 % de la producción de subproductos de soya.
Por otro lado, la falta de devolución de los CEDEIM le resta capacidad operativa a las industrias, dado que son recursos que las empresas podrían utilizar de inmediato para cubrir sus operaciones de compra de insumos, pagos a proveedores, etc., y no tener que recurrir a préstamos de la banca privada.
- ¿Qué resultados espera CANIOB en el mediano y largo plazo?
Como dije recientemente, la desregulación del mercado interno y liberación de exportaciones son medidas que el gobierno debe implementar de inmediato. Las industrias vienen soportando esas regulaciones por más de 14 años, lo que ha afectado sus finanzas y, sobre todo, los ingresos del Estado boliviano.
Además, como las industrias oleaginosas tienen una capacidad de molienda de 5,5 millones de toneladas de grano de soya y en Bolivia se producen alrededor de 3 millones de toneladas de grano de soya, eso implica que las fábricas están operando al 48 % de su capacidad.
Por lo tanto, es necesario que el gobierno acompañe las medidas de liberación de exportaciones con otras directas para el sector productivo primario, como la utilización de semillas de soya mejoradas genéticamente, lo que haría incrementar los rendimientos de grano de soya de 2,3 toneladas por hectárea a 3 o más toneladas por hectárea, lo que se traducirá en más materia prima para las industrias que les permitiría operar a toda su capacidad de molienda. De tal manera, se incrementarían sustancialmente las exportaciones de subproductos de soya.
- ¿Qué impacto cree que tendrá la nueva referencia del dólar a ser publicada por el BCB en el sector oleaginoso, especialmente en importación de insumos, exportaciones y flujo de divisas?
En realidad, la medida adoptada por el BCB no establece la regulación del precio del dólar respecto a los valores del tipo de cambio oficial en Bolivia, sino que establece un referente que pretende transparentar el precio del dólar.
La publicación por parte del BCB de un valor referencial del dólar, aunque no es de uso obligatorio, sirve como referencia para la venta de divisas y permite hacer transacciones económicas en el mercado a precios más reales.
Corresponde evaluar los impactos reales que esta medida pueda tener en la economía para establecer si, realmente, es positiva. Creo que no se la puede evaluar en conjunto, hay que ver su incidencia por sectores; en el mercado interno da una señal de certidumbre, pero todavía falta por ver cuál será su impacto en importaciones y exportaciones.
- ¿Qué garantías o reglas considera indispensables para que las empresas oleaginosas operen con confianza en este nuevo contexto cambiario y exportador?
Se necesita un entorno económico y jurídico que ofrezca confianza a los actores. El Estado debe fomentar las inversiones privadas y darles seguridad jurídica. Para ello, necesitamos un marco legal claro que garantice la seguridad jurídica de las inversiones. En lo económico necesitamos certidumbres sobre el tipo de cambio, incentivos tributarios y la devolución efectiva y oportuna de los CEDEIM. Todo ello, acompañado de un mercado interno liberado de banda de precios y volúmenes y una liberación plena de las exportaciones con valor agregado.
De esta forma, las empresas podrán seguir actuando en beneficio del país y planificar sus operaciones al mediano y largo plazo, con la certeza de que están invirtiendo con la seguridad de obtener márgenes que les den estabilidad financiera y que les permitan —y es más, las incentiven— a seguir invirtiendo en Bolivia, generando más fuentes de empleo y mayores ingresos para el Estado a través del pago de los impuestos y la entrada de divisas al país.
