Pasan los días, no es un desastre. Al contrario, hay signos positivos o, al menos, muchos quieren creer y lo repiten todos los días en los medios. Pero, algo todavía no funciona. Quizás la hoja de ruta real está recién en construcción, talvez hay varias premisas, algunas contradictorias, en disputa; posiblemente no todos están en acuerdo, probablemente algunos no cumplieron sus promesas y un largo etcétera de suposiciones varias. Y así vamos entrando al segundo mes del nuevo gobierno.
Algunos eventos ilustran la complejidad de los escenarios gubernamentales y las pocas respuestas con las que contamos. Serían hasta anecdóticas si no tendrían que ver con factores críticos que determinarán los escenarios económicos del país.
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Por ejemplo, los dimes y diretes sobre la implementación de la propuesta presidencial del denominado “50/50” expresan la dificultad de realizar una ambiciosa descentralización fiscal en un contexto de fuerte reducción del déficit público. Tarea casi titánica, diría algún especialista.
Aún más considerando que hasta ahora nadie del Gobierno ha sido capaz de explicar el contenido concreto del estribillo electoral. No es lo mismo asignar el 50% del gasto público total al gobierno central y el otro 50% a las autonomías, que focalizarse solo en la inversión pública total o en ciertas partidas del presupuesto. Tampoco si, al mismo tiempo, se descentralizan todas las responsabilidades de gasto o solo una parte de ellas.
En la idea simplista de algunos, el 50/50 es necesariamente “más platita para los gobiernos autónomos” pero, dependiendo del diseño, puede que no. Podría ser que incluso sean esos gobiernos los que tengan que administrar el ajuste. Es decir, se les puede descentralizar el presupuesto, 50/50, y ellos tendrían que despedir a la gente, cerrar entidades y reducir el gasto. Sería buena jugada, aunque no creo que sea lo que quiere el Presidente ni los autonomistas.
Por eso, cuando el Ministro de Economía dice que sería mejor lanzarla en 2027, supongo para diseñarlo con calma, me parece prudente. El problema es que va a contramano de las promesas electorales y la sensatez duró 24 horas. Ahora, al parecer, tiene hasta marzo del próximo año para solucionar esa difícil ecuación.
Por si no faltaran los problemas, los mismos días, las colas por diésel reaparecieron y las televisoras se vieron obligadas a mostrarlas y no solo entretenerse en las bajadas de precios de celulares. Pese a que los dólares bajan de precio en el mercado paralelo, al parecer no hay suficientes divisas para comprar diésel. Extraño fenómeno, por cierto. Con lo que vuelve a escena la preocupación por el “colchón de dólares” externos que supuestamente estaba garantizado, oleado y sacramentado.
Para rematar, la aprobación del primer crédito nuevo de esta gestión, los 550 millones de la CAF, fue puesta en duda nada menos que por el Vicepresidente dizque porque es de “libre disponibilidad” y finalmente aprobada con ayuda de los “opositores constructivos” de Libre y el voto en contra de la cónyuge del segundo mandatario. Mientras, una comitiva oficial estaba en Washington buscando nuevos financiamientos para los próximos meses y en magna reunión con los gremios transportistas se prometía dólares y diálogo para mantener no se sabe por cuanto tiempo más el status quo del diésel barato y subsidiado.
Empecemos por lo obvio, el país enfrenta un severo desequilibrio externo y fiscal que se tiene que solucionar mediante un programa articulado de medidas fiscales, monetarias, cambiarias y sectoriales que, según las orientaciones del gobierno, podrían ser aplicadas con mayor o menor gradualidad. Pero, lo ineludible es entender que se trata de un conjunto interrelacionado de medidas, no de acciones aisladas y sobre todo que precisan que los decisores políticos las entiendan y asuman en su integralidad. Si no pasa eso, los problemas vendrán tarde o temprano.
Es comprensible, por ejemplo, que la descentralización sea un objetivo deseable del Presidente, pero habría que preguntarse si es viable en el corto plazo o si es compatible con las complejas tareas que implicará el manejo presupuestal del 2026 y 2027 en el cual se tendrá que reducir el déficit del Estado entre 4 o 5 puntos del PIB cada año. En eso, no hay historias, hay que bajar gastos, en el gobierno central y también en las autonomías, o aumentar ingresos, por lo tanto, tampoco es buena idea ilusionarse con reducir aranceles o impuestos en el corto plazo.
De igual modo, habrá que contraer deuda externa, prestarse plata en habla corriente, mejor si es de libre disponibilidad porque así es más fácil gestionarla. Por tanto, los diputados que reclaman saber su uso no tienen y tienen razón, efectivamente necesitamos ese tipo de financiamiento en esta coyuntura, pero deberían exigir que venga asociada con mayor claridad del gobierno en cuanto a su plan de estabilización y de austeridad.
Finalmente, conseguir “dolaritos” para sobrevivir algunos meses para mantener esperanza no debería ser el objetivo, sino ganar tiempo para encarar y viabilizar la reforma estructural de la política de subvenciones y de la economía, sino solo seguiremos pateando la pelota hacia un abismo que ya sabemos que está ahí. Que no se diga que no lo advertimos.
(*) Armando Ortuño Yáñez es investigador social
