Para los analistas chilenos y para el propio ganador de las elecciones presidenciales de este pasado domingo, José Antonio Kast, la frontera con Arica es la principal puerta de ingreso del narcotráfico, del contrabando y de la temida mafia organizada del Tren de Aragua. Es, para el nuevo gobierno, una frontera “caliente” y que, en su programa electoral, el ultraderechista aseguró una política de “mano dura” que incluye desde cavar zanjas o, de plano, construir una muralla, muy al estilo de Donald Trump con su país vecino México.
El problema es que se considera a Arica como la ciudad fronteriza de Chile por donde ingresa el crimen organizado, desde los cárteles de droga hasta mafias organizadas que trafican armas y amplían sus redes a todo tipo de ilícitos fronterizos e incrementan seriamente las tasas de homicidios y delitos en Chile.
El tema es tan crítico que, de acuerdo con informes de la Fiscalía Regional de Arica y la Policía de Investigaciones, en los predios fronterizos con Bolivia se intervinieron las llamadas “casas de tortura” de propiedad del Tren de Aragua, una especie de control territorial y disciplinario de la organización criminal venezolana para asesinar a todos aquellos que sean sus enemigos o adversarios.
Kast no cejó en repetir, una y otra vez, en su campaña presidencial, el endurecimiento de la frontera con Bolivia, con promesas de mano dura, control migratorio y una reciedumbre de las políticas de seguridad.
No queda claro si habrá mayores restricciones de visados para ingresar a Chile, si se restringirán las visas de trabajo o si habrá una campaña de deportación de cientos de miles de migrantes que ingresan al país trasandino en busca de oportunidades laborales.
Debería distinguirse entre los migrantes en busca de oportunidades laborales de los criminales. Meterlos en la misma bolsa es violar su derecho a migrar y a buscar una mejor calidad de vida en otro país, que ya es durísimo, dejar atrás un hogar, una familia, amistades y una red social.
De hecho, de acuerdo con cifras que se manejan en Bolivia, Chile se ha convertido en los últimos años en el destino preferido de los migrantes bolivianos debido a una atractiva oferta laboral y a la posibilidad de acceder a salarios mucho más elevados en comparación con la realidad en Bolivia. En cinco años, según los datos del INE (Instituto Nacional de Estadísticas) las remesas desde el país de la empanada y el vino se han duplicado, y la migración habría crecido en un 35,1%. La colectividad boliviana habría pasado de 109.000 a 148.000 migrantes.
Y los datos son más reveladores todavía. En cinco años, los envíos de dinero provenientes de los trabajadores bolivianos en beneficio de sus familias que se quedan atrás en Bolivia se ha duplicado, de $us 159 millones a $us 312 millones, de acuerdo con los datos publicados por el Banco Central de Bolivia (BCB).
Los otros países que Bolivia recibe remesas son España (en primer lugar), Chile, Estados Unidos, Argentina y Brasil, en ese orden. Este dato refleja que Chile, en los últimos años, ha pasado del quinto al segundo lugar como país para el envío de remesas familiares a Bolivia.
Si el gobierno de Kast decide cumplir con su promesa electoral, estas cifras podrían verse afectadas de una manera muy seria y provocaría una “estampida” de retorno de migrantes a Bolivia, con la consiguiente afectación de ingresos familiares de miles de bolivianos.
Pero, además, hay otra lectura grave sobre la frontera caliente de Arica, la cual establece que dicha región fue elegida deliberadamente para constituirla como una especie de cabecera de playa, para un control geopolítico de las mafias organizadas.
De hecho, las autoridades chilenas establecen que en Arica no se comercia con droga, sino que se usa dicha “puerta fronteriza” para viajar hacia el sur en busca de mercado como Argentina o salir a Europa.
Todo el nudo gordiano radicaría en el hecho de que el puerto de Arica está considerado y avalado en acuerdos bilaterales entre Bolivia y Chile bajo el régimen de libre tránsito para la carga boliviana acordada tras la Guerra del Pacífico, situación que permite que contenedores sellados entren y salgan con menores sospechas que en otros puertos de la región. Y esta ventaja comercial, obviamente, es usada por mafias y carteles de droga.
Cerrar la frontera es, para los expertos, imposible. Pero, sin duda, podría abrirse un camino de endurecimiento migratorio y de una posible revisión del actual acuerdo bilateral de libre tránsito de mercadería boliviana hacia el mundo por parte del ultraderechista Kast.
Javier Medrano es comunicador social
