En estos días volvemos a verla en acción, pero la empleomanía ha sido un mal permanente de la historia política boliviana.
Existe una crónica apetencia de obtener puestos rentados en el aparato público de parte de los miembros de los segmentos de la población que cuentan con algunos ingresos y cierto nivel educativo.
Estos puestos, llamados coloquialmente “pegas”, se consideran prestigiosos y son relativamente bien pagados, poco demandantes y por tanto capaces de proveer un tipo de ingresos que no sería posible encontrar fuera del Estado. Las “pegas” existen en un número limitado y no se accede a ellas por competencia sino por “ubicación” (proximidad política). Por tanto, las remuneraciones que generan son “rentas”.
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Como tales, solo es posible aprovecharlas durante el lapso en el que el partido al que se pertenece, o el amigo o pariente con quien se está “conectado” (los españoles dicen: “enchufado”), ocupen el poder y puedan distribuirlas entre sus allegados.
Si un “enchufe” se “quema”, pero uno tiene la oportunidad de obtener otro de signo completamente contrario, pues la salida es sencilla: se abjura de las ideas previas y se adopta como converso las ideas nuevas. Lo que permanece es la necesidad de estar “enchufado”.
Recordemos esto: hablamos de rentas. Por tanto, la lógica con la que las personas tienden a apropiarse de las “pegas” es extractivista. Mientras dure su “veranillo”, el poseedor de una “pega” es inamovible y poco vulnerable a las críticas, en especial si mantiene un “bajo perfil” o “no hace olas”. Por tanto, muy difícilmente hará algo productivo en su trabajo; se va a concentrar en, justamente, no hacer olas y en mantener un bajo perfil, a fin de minimizar las posibilidades de que sea echado. Esta actitud es el principal problema de la empleomanía desde el punto de vista de la eficiencia del Estado. Generalmente se dice, a este respecto, que la ineficiencia es causada por falta de institucionalización de los cargos públicos que produce la empleomanía. Es decir, en concreto, por la rotación periódica de empleados diferentes en los puestos públicos. Y, en efecto, con pocas excepciones, cada cambio de gobierno, e incluso cada cambio de ministro o de directiva parlamentaria ha provocado la sustitución de los anteriores empleados de mediano y alto rango (y a veces incluso de los de rango inferior). No solo por la necesidad de crear vacancias, sino también porque el personal heredado, al hallarse “enchufado” a otro partido o dirigente políticos, a menudo resiste sordamente a la nueva autoridad o simplemente no se considera digno de confianza.
Sin embargo, existe un contraejemplo que muestra que no se trata tanto de la rotación (aunque esta, por supuesto, imposibilita la creación de una burocracia profesional) sino del rentismo asociado con estos empleos. Este contraejemplo son los miles cargos vitalicios que se han creado aprovechando la autonomía de las universidades públicas. Gracias a ellos, en grandes áreas de la universidad boliviana, la rotación de personal se ha suspendido. Sin embargo, no por eso hay eficiencia ni calidad educativa ni cumplimiento de los procedimientos, etc. El Estado universitario no se ha hecho weberiano, pese a que se cumple una de las condiciones establecidas por Weber: la relativa independencia de los funcionarios respecto del gobierno. En realidad, lo que simplemente ha pasado ha sido que docentes y administrativos han conseguido que su “enchufe” al Tesoro sea permanente. Pero los sueldos que perciben son rentas, porque no dependen de su rendimiento, que no le importa a casi nadie, sino de la posición que han logrado ocupar. Y porque la contratación de los docentes y administrativos vitalicios no ha sido genuinamente competitiva (con algunas excepciones), sino que se ha debido a la inserción de estos en una red de relaciones de mutua protección y en camarillas de poder.
La lógica de apropiación de rentas es “exhaustiva”: se tiende a acaparar la mayor cantidad posible de ellas antes de que la oportunidad de capturarlas, que generalmente va a ser breve, desaparezca. Y esto se logra mediante, por ejemplo, la colocación simultánea de varios miembros de la familia en distintas reparticiones del Estado. No solamente hay nepotismo en la designación de funcionarios gubernamentales, sino también en la asignación de cátedras universitarias.
En la mayoría de los casos, se hace política en busca de “pegas”. Los liderazgos dentro de un partido se obtienen en función a la cantidad de “pegas” de las que los líderes pueden disponer; de ahí las grandes luchas que se desatan en torno a cargos como la presidencia de una cámara, una comisión parlamentaria y, por supuesto, un ministerio “grande”, es decir, con muchas “pegas”. De ahí también que los caudillos que pierden su condición de gobernantes pierdan al mismo tiempo una buena parte de su liderazgo político. Seguramente esto explica en parte por qué se resisten tanto a abandonar buena y oportunamente sus cargos.
(*) Fernando Molina es periodista
