En Bolivia, los bloqueos no son una figura ambigua ni un vacío normativo. Están prohibidos. Hoy. No por una ley futura ni por un proyecto en debate, sino por la Constitución y por el orden jurídico vigente. Sin embargo, se los sigue tolerando, justificando y hasta reivindicando como si fueran una expresión legítima de protesta social.
Ahí comienza la distorsión.
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El derecho a la protesta no incluye -ni puede incluir- la anulación de derechos ajenos. No existe en nuestro ordenamiento jurídico ninguna norma que autorice la supresión del derecho a la libre circulación de personas y bienes. La Constitución lo reconoce expresamente. Pretender que un reclamo sectorial pueda paralizar carreteras, cercar ciudades, impedir el abastecimiento o detener parcial o totalmente el país es un absurdo jurídico y una perversión democrática.
No se trata de interpretación ideológica, sino de sentido común constitucional. Debemos aprender, de una vez, que mis derechos terminan donde comienzan los del otro.
A pesar de ello, el bloqueo se ha consolidado como un mecanismo eficaz de presión política. Funciona. Arranca concesiones. Doblega autoridades. Obliga al Estado a negociar bajo amenaza. Y mientras eso ocurra, no habrá ley -por dura que sea- que logre erradicarlo.
El problema no es la falta de normas. La tipificación ya existe. El ordenamiento penal sanciona los atentados contra la seguridad y regularidad del transporte y contra la normal circulación de las vías públicas. No hace falta inventar nuevas figuras ni multiplicar artículos. Hace falta algo mucho más difícil y mucho más escaso: voluntad de aplicar la ley.
Cuando una actividad ilegal produce resultados concretos -aumentos salariales forzados, designaciones, presupuestos, privilegios corporativos-, se convierte en incentivo. Y cuando el poder político cede una y otra vez frente al chantaje, envía el devastador mensaje de que bloquear es el camino para obtener lo que se quiere.
En ese contexto, los anuncios legislativos suenan a coartada. A gesto para la tribuna. A simulacro de autoridad. Porque una ley que no se hace cumplir no ordena la convivencia, la degrada. Y un Estado que renuncia al monopolio legítimo de la coerción legal abdica de su función esencial.
Nada de esto implica negar que existan causas legítimas, reclamos justos o conflictos sociales reales. Los hay, y muchos. Pero la legitimidad de una demanda no convierte en legítimo cualquier medio. La protesta pacífica es un derecho. El bloqueo coercitivo, no.
El populismo socialista ha construido su poder normalizando esta confusión. Ha convertido la ilegalidad en norma, el chantaje en “lucha” y la transgresión en identidad política. Y lo ha hecho con éxito porque el Estado, por cálculo o cobardía, se lo ha permitido.
Por eso el debate de fondo no es jurídico, sino político y moral:
¿seguiremos aceptando que la ley rija solo para quienes la cumplen?
¿seguiremos llamando “derechos” a prácticas que vulneran derechos ajenos?
¿seguiremos legislando para la foto mientras el país se paraliza cada vez que alguien bloquea?
Mientras el bloqueo siga dando resultados, ninguna ley adicional cambiará nada. La diferencia no la hará el papel. La hará -o no- la decisión de hacer cumplir la ley, incluso cuando hacerlo tenga costo político.
Y ese es, hoy, el verdadero dilema del Estado boliviano:
¿vamos a cortar el bloqueo de raíz o lo seguiremos permitiendo?
(*) Johnny Nogales Viruez es abogado y analista político
