Así es exactamente como comenzó el problema de la inseguridad en México. El contrabando hacia Estados Unidos ha existido en México desde que, durante la Prohibición, los contrabandistas operaban en la frontera entre Estados Unidos y México, si no antes. La corrupción endémica lo acompañó; muchos policías, soldados o funcionarios mexicanos se han llevado su tajada de las ganancias que se pueden obtener vendiendo a los estadounidenses lo que su gobierno no les permite comprar. Sin embargo, la inseguridad y la violencia masiva que afecta a la gente común debido al tráfico de drogas a través de México es un fenómeno relativamente reciente, que se remonta a 2006.
A partir de ese año, el presidente conservador Felipe Calderón, con el apoyo y la financiación de la administración Bush, movilizó la represión militar de los cárteles mexicanos. Muchos líderes prominentes de los cárteles fueron asesinados o capturados, mientras que las muertes de civiles se disparaban. Pero los cárteles de la droga no son naciones, ejércitos ni grupos con motivaciones ideológicas que puedan ser obligados a rendirse. Los cárteles son más bien como bancos: actores económicos que satisfacen una necesidad en un mercado enorme, aunque ilícito, y que están dispuestos a tomar medidas extremas para defender sus igualmente enormes ganancias. Eliminar un cártel completo, desde la mula de la droga más humilde hasta el narcotraficante de mayor rango, no puede eliminar el narcotráfico, así como el cierre de Bank of America no eliminaría el sector financiero.
Historia de violencia
Como era de esperar, la guerra contra las drogas de Calderón ha estado seguida de interminables oleadas de violencia. Se produjeron batallas sucesorias cada vez que se eliminaba a un narcotraficante prominente, mientras que surgían nuevos grupos criminales para apropiarse de su parte de las ganancias del narcotráfico. Irónicamente, algunos de los nuevos cárteles más peligrosos, como Los Zetas, surgieron de las mismas fuerzas militares mexicanas entrenadas por Estados Unidos que se encargaron de eliminarlos.
Dos décadas de creciente violencia después, pocos de los líderes de los cárteles de 2006 permanecen. Sin embargo, los cárteles de hoy son más fuertes que antes. Amplias zonas de México han pasado de ser seguras a inseguras; cientos de miles de mexicanos han sido desplazados, muchos de los cuales buscan asilo en Estados Unidos; y hasta 30,000 mexicanos mueren cada año en actos de violencia relacionados con el crimen. Matar a otro líder de un cártel simplemente nos devuelve al punto de partida.
Es hora de reconocer el trato injusto que recibe el pueblo mexicano en la guerra contra las drogas respaldada por Estados Unidos. La enorme demanda de drogas ilegales y peligrosas por parte de Estados Unidos garantiza que siempre será enormemente lucrativo proporcionarlas. Mientras tanto, la abundancia de armamento de grado militar de Estados Unidos, así como la oferta de jóvenes económicamente precarios de México, garantizan que la violencia armada siempre será una opción económicamente accesible para los proveedores de drogas, ya sea contra el Estado o contra la competencia.
Sin solución militar
Los cárteles de la droga mexicanos son un problema sin solución militar. Reconocer esto no significa rendirse e ignorar la amenaza verdaderamente peligrosa para la salud pública que representan las drogas ilícitas. De hecho, sanciones más severas contra los consumidores de drogas en Estados Unidos, especialmente los ricos y privilegiados, que consumen con indiferencia el producto de la enorme miseria latinoamericana, podrían ayudar a reducir la demanda que perpetúa la fuerza de los cárteles en toda la región. Si se les pide a los jóvenes mexicanos que mueran combatiendo a los cárteles de la droga que trafican cocaína, lo mínimo que Estados Unidos puede hacer es encarcelar a algunos de los jóvenes corredores de bolsa de Wall Street, los técnicos de Silicon Valley y los funcionarios del Congreso que la esnifan habitualmente.
Más allá de las medidas punitivas, se debe hacer mucho más para abordar la realidad de la adicción en Estados Unidos, especialmente en lo que respecta a los opioides. La administración Trump ha dado un ejemplo particularmente malo en este frente al intentar recortar los programas que abordan la adicción a los opioides, cediendo solo tras una importante reacción negativa.
La reciente cooperación diplomática de Estados Unidos con China para abordar el flujo de precursores químicos para la producción de fentanilo ha demostrado que es posible obtener resultados reales en la reducción del suministro general de drogas al prevenir su fabricación. Estrategias similares para limitar las materias primas necesarias para la producción de drogas incluyen la inversión en programas de sustitución de cultivos en Colombia, donde los antiguos cultivadores de coca necesitan inversión de capital, acceso a mercados y asistencia técnica para hacer viable la transición a cultivos legítimos, como el banano y el cacao.
La cuestión de las armas en México
Sin embargo, ninguna política sería tan eficaz para reducir el poder de los cárteles de la droga mexicanos como cortar el flujo de armas estadounidenses al sur de la frontera. Esta ha sido una prioridad de larga data para el gobierno mexicano, que intentó sin éxito demandar a los fabricantes de armas estadounidenses en tribunales estadounidenses. El historial de Washington en este ámbito es particularmente accidentado, ya que exmilitares estadounidenses corruptos y otros funcionarios federales a menudo se encuentran vendiendo armas financiadas con fondos públicos a cárteles mexicanos.
La aprobación de la Ley ARMAS, presentada por el representante demócrata Joaquín Castro de Texas, sería la forma más sensata de asegurar que los cárteles ya no tengan fácil acceso a las armas de fuego estadounidenses. La propuesta legislativa devolvería la autoridad sobre las exportaciones de armas pequeñas del Departamento de Comercio al Departamento de Estado y exigiría la creación de una estrategia interinstitucional para interrumpir el flujo de armas estadounidenses a Latinoamérica, revirtiendo así una decisión de la administración Trump durante su primer mandato destinada a promover las exportaciones estadounidenses de armas pequeñas.
Trágicamente, abordar las causas profundas de la oferta y la demanda de armas y drogas no parece interesarle a Trump. Su administración no valora la vida de los mexicanos, como lo demuestra a diario su severa política migratoria. En cambio, Estados Unidos parece decidido a presionar al gobierno mexicano para que tome medidas cada vez más provocativas contra los cárteles, convirtiendo el país en un campo de batalla, victimizando a los mexicanos comunes y luego utilizando la violencia resultante para aumentar la presión para una mayor acción militar. Mientras tanto, la Casa Blanca también parece dispuesta a mantener cerrada la frontera estadounidense a los solicitantes de asilo mexicanos que genera la guerra contra las drogas.
Los mexicanos han estado viendo esta película sin parar desde 2006. No hay un final feliz; solo hay interminables secuelas sangrientas. Es hora de escribir un nuevo guion.
