En ocasión del Día de la Mujer Boliviana y en un contexto de definición electoral, el Observatorio de Género de la Coordinadora de la Mujer alerta que, sin un compromiso real para desmontar el patriarcado, la democracia paritaria será solo un espejismo.
Un informe de la institución señala que, si bien las mujeres son la mitad de la población, han alcanzado una representación histórica mayoritaria en la Asamblea Legislativa Plurinacional y han cerrado brechas educativas y laborales, estos logros conquistados a pulso por el movimiento feminista, se erigen sobre un terreno minado por profundas desigualdades estructurales.
Resalta que los datos del Censo 2024 revelan un país que cambia a dos velocidades. Las mujeres redujeron la brecha educativa respecto de los hombres de 1,5 años a 0,7 años entre 2001 y 2024. Su participación laboral saltó del 44,4% al 64,0%. La atención calificada del parto alcanzó el 96,2%.
“Estos números reflejan décadas de lucha por el acceso a la educación, por los derechos sexuales y derechos reproductivos, y el ejercicio de otros derechos” señala parte del documento.
PARTICIPACIÓN POLÍTICA
La directora de la Coordinadora de la Mujer, Tania Sánchez, resalta que Bolivia es uno de los países de la región que más ha avanzado en participación política de las mujeres. Esto fue posible gracias a un cuerpo normativo favorable a la paridad y a la larga lucha del movimiento de mujeres.
Este logro, dice, ha hecho posible que el país se encuentre en el octavo lugar del mundo con mayor representación de mujeres en el parlamento (Ranking de mujeres en la política, ONU Mujeres y UPI, 2025). Y, actualmente, las mujeres sean mayoría en la Asamblea Legislativa Plurinacional (52,4%), un hito histórico desde el retorno a la democracia.
“Sí, en Bolivia se han producido cambios muy importantes en las últimas dos décadas. Ha sido resultado de la lucha sostenida de las organizaciones de mujeres y del movimiento feminista. Un momento clave fue la aprobación de la Constitución Política del Estado en 2009. En ese entonces se incorporó el principio de igualdad y abrió el camino para consolidar la paridad en la normativa electoral”, dijo Sánchez.
REFORMAS
Posteriormente, las reformas a las leyes electorales y el fortalecimiento de los mecanismos de paridad y alternancia permitieron que cada vez más mujeres accedan a cargos de representación política, especialmente en órganos legislativos.
Otro avance significativo que resalta la Coordinadora es la aprobación de la Ley 243 Contra el Acoso y la Violencia Política hacia las Mujeres (2012). Es la primera de su tipo en América Latina, que reconoce las múltiples formas de violencia que enfrentan las mujeres cuando participan en política.
Sin embargo, Sánchez observa que este avance es posible en las instancias legislativas y no así en las ejecutivas, donde afirma que el monopolio es aún de los hombres.
“Una muestra de ello es que Bolivia aún no ha tenido una gobernadora electa. En el caso de las alcaldías, la presencia de mujeres sigue siendo muy baja. 2015 representaron el 8% de las autoridades electas y en 2021 apenas el 6%. En el actual proceso electoral subnacional, solo el 15% de las candidaturas a alcaldías corresponde a mujeres. El 8% en el caso de las gobernaciones”, explicó Sánchez.
CONDICIONES
Acotó que muchas mujeres que llegan a cargos públicos enfrentan condiciones desiguales para ejercer sus funciones. Lo que muestra que la paridad no se agota en la norma, sino que requiere transformaciones institucionales y culturales.
Respecto del poder de decisión de las mujeres, Sánchez menciona que la presencia de más mujeres en los espacios políticos es un avance fundamental. Pero la representación no siempre significa poder real de decisión.
OBSTÁCULOS
Muchas mujeres autoridades o candidatas todavía enfrentan prácticas que buscan limitar su participación. Un ejemplo es la exclusión de espacios de decisión, la presión para seguir agendas definidas por otros actores o la deslegitimación de su liderazgo.
En algunos casos, las mujeres son incluidas para cumplir con la norma de paridad, pero no siempre cuentan con las condiciones necesarias para incidir plenamente en la toma de decisiones.
“Por eso, desde la Coordinadora de la Mujer se insiste en que la paridad debe ir acompañada de condiciones efectivas para el ejercicio del liderazgo político de las mujeres. Debe incluir el acceso a información, formación política, recursos y espacios reales de deliberación”, consideró la directora.
Acotó que otro obstáculo grave por el que atraviesan las mujeres es el acoso y la violencia política, que se expresa a través de presiones para renunciar, amenazas, campañas de desprestigio o intentos de deslegitimar su liderazgo.
VIOLENCIA
En 2024, la Defensoría del Pueblo expresó su preocupación por los actos de violencia que enfrentaron las concejalas a nivel nacional. En ese entonces, varias fueron víctimas de coacciones por parte de sus suplentes, organizaciones sociales, partidos políticos y agrupaciones ciudadanas. Las obligaron a presentar sus renuncias, justificadas bajo la falsa premisa de gestión compartida y una interpretación errónea de la alternancia.
El Informe Defensorial “Obligadas a Renunciar” (2023) da cuenta de que el concepto de ‘gestión compartida’ se estructura con base a los preceptos de la paridad y alternancia de género. Estos fueron erradamente vinculados o comprendidos como la “alternabilidad” de cargos. Lo cual implica el ceder la titularidad del cargo, momentánea o definida mente. Y, evidenció que estos compromisos atentan contra los derechos políticos de las mujeres y representan una amenaza para la consolidación de la democracia paritaria.
Sánchez señaló que en los últimos años también se ha evidenciado un aumento de la violencia política digital. Prueba de ello son los ataques en redes sociales que buscan intimidar, humillar o desacreditar a mujeres candidatas y autoridades.
BARRERAS
A esto se suman otras barreras, como las desigualdades en el acceso a financiamiento político, la sobrecarga de responsabilidades de cuidado. También los estereotipos de género y las estructuras partidarias que aún concentran el poder en manos masculinas.
Para Sánchez, avanzar hacia una democracia verdaderamente paritaria requiere no solo mantener las reglas de paridad en las candidaturas. También garantizar condiciones reales para que las mujeres puedan participar, decidir y ejercer liderazgo sin violencia ni discriminación.
