El martes 18 de febrero, día nublado y lluvioso, fue el escenario de la realización del Encuentro Multipartidario, en las instalaciones del Tribunal Supremo Electoral, ubicadas en la Plaza Abaroa, para establecer acuerdos para la realización de las Elecciones Generales de 2025; al mismo tiempo, en las afueras, se oían voces de mujeres diversas, que pedían el cumplimiento del principio de paridad y alternancia a la hora de las postulaciones a las diferentes candidaturas.
La lectura de los 15 puntos del Acuerdo del Encuentro, refleja que el Órgano Electoral Plurinacional está viviendo una fragilidad institucional preocupante, toda vez que para cumplir sus competencias establecidas por norma (Ley No 018), pide “respaldo” a dos Órganos del Estado (Ejecutivo y Legislativo) y a las Organizaciones Políticas para realizar sus acciones, que dicho sea de paso que la mayoría de los puntos son de carácter administrativo, como acceso a recursos para la ejecución de las elecciones, para el voto en el exterior, para la implementación del Sistema de Trasmisión de Resultados Electorales Parciales (TREP), para el saneamiento y depuración del Padrón electoral, etc, etc.
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Solo dos puntos —aunque reiterativos de los mandatos constitucionales— hacen alusión, por un lado, a la inclusión de las mujeres en la lista de candidatas y candidatos y, por el otro, el establecimiento de debates obligatorios entre candidatos y candidatas a la presidencia y la vicepresidencia. En todo caso, serán la base y nicho de oportunidad para la vigilancia, exigibilidad y movilización que realicen las mujeres en este período preelectoral, a fin de profundizar la democracia y la visión de país para avanzar en la igualdad e inclusión.
Claro, no basta mirar solo al TSE, sino también a las Organizaciones Políticas, porque por ley ( Ley N° 1996), son las que deben garantizar la democracia representativa, a través de las postulaciones de candidatas y candidatos a todos los puestos sometidos al voto ciudadano y en su propia estructura organizativa interna; sin embargo, se registran limitaciones, sobre todo para las postulaciones a los puestos de jerarquía ejecutiva, como para la Presidencia, Vicepresidencia del país, para los Gobiernos Autónomos Departamentales, los Gobiernos Autónomos Municipales. Las cifras disponibles a la fecha son elocuentes y reflejan la limitada presencia de mujeres en estos puestos ejecutivos y esta es una deuda tangible de la democracia, por ello (las mujeres) se movilizan y ejercen vigilancia permanente. Dicho sea de paso, que los avances en la normativa para promover el derecho de las mujeres a la participación política es producto de la larga y sostenida lucha de las propias mujeres, de diversos sectores.
Llama la atención que la lista que circula de precandidaturas a la presidencia es predominantemente masculina, lo que hace suponer que las mujeres solo podrían aspirar a postularse como candidatas a la vicepresidencia. El mismo día del Encuentro el precandidato Reyes Villa fue entrevistado por un medio, que le preguntó: ¿Será una mujer su acompañante a la vicepresidencia? El responde: “Hay muchas mujeres capaces; pero no se animan a entrar en la política”; esta respuesta da pie para poner en mesa el análisis y reflexión sobre el porqué las mujeres no ingresan a la arena política y sin duda alguna una causa estructural es la violencia política que viven las mujeres electas, como violación evidente a sus derechos políticos y al derecho fundamental a la vida; pese a la Ley N° 243, contra el Acoso y la Violencia Política hacia las Mujeres, establece mecanismos para prevenir, atender y sancionar estos actos; sin embargo, la impunidad abusiva y la imposibilidad de la reparación del derecho vulnerado campean por la debilidad del sistema judicial. El caso paradigmático de violencia política seguida de muerte es el asesinato de la concejala Juana Quispe, que, luego de más de 11 años de búsqueda de justicia, se emitió una sentencia.
Testimonios de mujeres electas, que vivieron violencia política en los espacios donde se desempeñan, refieren haber pasado también violencia al interior de sus hogares por no cumplir los mandatos del poder patriarcal, naturalizado socialmente, que reduce el rol de las mujeres a la reproducción biológica, a las tareas de cuidados, debido a una injusta división sexual del trabajo; situación que se agrava cuando tienen hijas, hijos y además tienen que trasladarse a un lugar distinto a la de su domicilio.
Entonces, para las mujeres ingresar a la arena política, implica exponerse a una serie de riesgos, en la familia, la sociedad, las instituciones, toda vez que tienen que romper barreras, prácticas, imaginarios machistas, con costos personales enormes, porque vivimos una democracia restringida que aún no ha tocado las puertas de los hogares, ni creado condiciones para desestructurar los sistemas patriarcales vigentes.
A 43 años de haber recuperado la democracia y 16 años de aprobada la Constitución Política del Estado, que ha permitido pasar de una democracia liberal a una democracia participativa, paritaria e intercultural, es hora de ampliar la democracia a un concepto explícito de redistribución equitativa de la riqueza, de los beneficios del desarrollo —salud, educación, tecnología, generación de ingresos, entre otros—, del trabajo de cuidados como columna vertebral de la vida; solo así se avanzará en el ejercicio pleno de derechos de hombres y mujeres. En torno a estos temas, las mujeres quieren escuchar las propuestas de políticas públicas, planes y presupuestos.
(*) Ana Quiroga Morales es ciudadana de la tercera edad y militante por los derechos de las mujeres
