En pasados días, la ciudad de La Paz estuvo atrapada nuevamente por un puñado de choferes y políticos. Los ciudadanos/as fuimos casi inmovilizados por dos días. No se podía transitar libremente, porque el “bloqueo de las mil esquinas” fue aplicado con la mayor ilegalidad y violencia. Estas acciones son una muestra fehaciente de la violación de la Constitución Política del Estado, que nos otorga a todos los ciudadanos la libre transitabilidad. Incluso fue otro atentado contra los derechos humanos más elementales de libre circulación de los ciudadanos. Los administradores de la Justicia boliviana, como la Fiscalía, brillaron por su silencio, ¿tal vez fueron acordados para no actuar de oficio? Ni qué decir de la Policía Boliviana, que estaba obligada a garantizar la libre circulación, pero sus efectivos contemplaron cómo se bloqueaban las calles de la ciudad. ¿Acuerdos, reciprocidades o ineptitud?
En la presente gestión, es muy lamentable que la ciudad tenga a políticos, autoridades, como el Concejo Municipal y la Alcaldía, que no están a la altura de los acontecimientos. Es decir, representantes de una ciudad que casi siempre están sorprendidos por acciones, como movilizaciones sociales, marchas continuas, bloqueos sorpresa, etc. Esta circunstancia ha hecho que el alcalde Iván Arias haya sorprendido con la autorización de la elevación del costo del transporte urbano.
Lo más terrible es que no hubo casi ninguna reacción de la ciudadanía frente a la elevación. Los primeros días, algunos vecinos de algunos barrios protestaron, pero nada más ¿No afectan los 40 centavos de incremento? ¿El ciudadano tiene nomás cierto poder adquisitivo que no le inquieta el incremento? ¿Las juntas de vecinos fueron “comprados” por los federados de minibuseros para que no cuestionen el incremento?
Cuando ya fue impuesto el alza de las tarifas, es decir, ya está consumado, ¿qué sentido tiene que la presidenta del Concejo Municipal pretenda desautorizar el alza y retroceder a la anterior tarifa? Si la presidenta del Concejo lograra desautorizar y, por lo tanto, mantener la anterior tarifa, ¿quiénes obedecerían? En una situación consumada y obligada, ¿qué sentido tienen las peleas internas dentro del Concejo y con el alcalde Arias?
Esta imposición de elevar sin ningún acuerdo, claramente tiene un sustrato político, entre los sindicatos de los choferes y el alcalde municipal. Posiblemente, Arias se postule a algún cargo político con algún dirigente de los transportistas. Aunque para justificar “el acuerdo”, se dice que los choferes serán controlados mediante GPS para evitar mayor “trameaje”, etc. Incluso se dijo que hubo un estudio técnico que justificaría el alza. Pero, ¿quién puede creer todas las artimañas de los choferes? Jamás cumplieron con los acuerdos; esta arbitrariedad será una más de otras. Otra, se anuncia “la cumbre del transporte” para seguir justificando el alza.
A futuro, es preciso pensar a quiénes vamos a elegir como autoridad edil en la ciudad. La Paz y Chuqiyapu Marka merecen planificación a futuro. A estas alturas, ya no es posible seguir teniendo como transporte urbano a minibuses o transportadores menudos. Hay que apostar por buses, que realmente garanticen un buen servicio. Es hora de quebrar el monopolio del transporte urbano, hoy en manos de un grupo de dueños-conductores que se sienten con todo el derecho de causar prejuicios y formas de violencia a los ciudadanos de quienes viven.
Es preciso implementar más líneas del teleférico y que cubra más barrios. Lo del PumaKatari, que pintaba como la otra alternativa, ha quedado estancando, sin mayor proyección; ¿es posible fortalecerlo? Mientras el alcalde Arias realice “acuerdos” con enemigos del PumaKatari, será muy difícil remozarlo. Q’iwir jaqinakawa jist’antistu utanakasaru. Muñanakampiwa kayuki sarnaqayistu. Arsusiñawa jiwasanakaxa ¿janicha?
