Desde 2024, el contrabando a la inversa crece en Bolivia y mueve una economía criminal imparable. Las autoridades suman decomisos y reportan una afectación de más de Bs 11 millones en un semestre, pero reconocen que la lucha es “insuficiente”.
El contrabando a la inversa es la salida ilegal de productos nacionales, especialmente alimentos, a países vecinos como Chile, Perú, Brasil y Argentina; donde los precios más altos son una tentación para ofertarlos al mejor postor.
Según cifras del Viceministerio de Lucha contra el Contrabando, entre julio y diciembre de 2024, desde que asumió el cargo el cargo el coronel Luis Amílcar Velásquez, los decomisos de alimentos y combustibles sacados ilegalmente suman Bs 11.029.879.
Velásquez considera la cifra como importante y resalta la gestión 2024 como exitosa; pues entre los decomisos del contrabando de exportación (productores que salen ilegalmente) y el de importación (que ingresan) se logró una afectación de Bs 423.266.801.
En 2024, uno de los mayores decomisos se hizo en la población de Sacabaya, el departamento de Oruro; donde se identificó aproximadamente 100 viviendas dedicadas a almacenar línea blanca, línea negra; ropa nueva y usada de contrabando. Solo ese operativo sumó Bs 352.120.000 de afectación al contrabando.
“Se ha reestructurado la lucha contra el contrabando. Se hizo un nuevo concepto estratégico basado en tres líneas de interdicción; una primera que cubre toda la zona fronteriza; otra identificada especialmente en los caminos principales y troncales de todo el territorio nacional; y la tercera está en los mercados donde se hace un control de productos de contrabando”, explica a La Razón.
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Contrabando
El viceministro reconoce que, en 2024, el contrabando a la inversa comenzó a ganar fuerza y se convirtió en un problema “a gran escala”. Explica que los principales productos que salen del país para ser comercializados a precios más altos son los alimentos como el arroz, el azúcar; las carnes de res, cerdo y pollo; la quinua y los combustibles: diésel, gasolina y garrafas de gas. En los últimos meses también se identificó la salida ilegal de ganado vivo; que se oferta en ferias en comunidades fronterizas y una vez comprado ingresa caminando por la frontera.
Todos esos alimentos y combustibles se venden a precios más altos en Chile, Perú, Brasil y Argentina; convertidos en destino del contrabando a la inversa.
Bolivia atraviesa actualmente por una seria crisis de escasez de combustibles y, a la par, hay gente inescrupulosa que continúa operando; contrabandeando el diésel hacia los países vecinos debido a la diferencia de precios; ya que el combustible aquí es más barato.
Entre julio y diciembre de 2024, el Viceministerio de Lucha contra el Contrabando decomisó 318.890 litros de diésel y 124.700 litros de gasolina; que eran sacados ilegalmente del país.
El viceministro de Defensa del Usuario y del Consumidor, Jorge Silva, reconoce el esfuerzo que se hace desde el Gobierno para luchar contra este ilícito; sin embargo, admite que aún es “insuficiente” y falta una normativa.
“La lucha contra el contrabando es parte de una protección a la industria nacional; y en los últimos meses de 2024 ha virado hacia otro escenario, como es el contrabando a la inversa. Frente a este nuevo contexto, nos encontramos que no tenemos normativa, institucionalidad para lograr mejores resultados; y esta lucha es insuficiente”, dice a La Razón.
Explica, por ejemplo, que falta institucionalidad para enfrentar el problema, pues la Aduana Nacional no tiene tuición para luchar contra el contrabando a la inversa y el viceministerio del área no cuenta con una norma que lo respalde; que disponga destino de la mercadería decomisada.
Crecimiento
Al respecto, el viceministro Velásquez dice que la mercadería decomisada del contrabando a la inversa en entregada a la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa) para que se venda a precio justo o es destruida, si corresponde.
¿Por qué crece el contrabando a la inversa? Silva considera que, debido a la crisis alimentaria, las guerras, los cambios en la política económica de países vecinos que impactaron en los precios de sus productos, surgió la inflación importada. “Ese incremento de precios en productos y servicios en países vecinos, generó un desincentivo al contrabando de ingreso e incentivo el contrabando a la inversa. Ahora esa lucha se basa en combatir a aquellas personas y contrabandistas que sacan productos a los países vecinos”.
Silva remarca que el contrabando a la inversa crece día a día debido al precio que ofrecen los países vecinos para adquirir los productos bolivianos; lo que permite que muchos productores, intermediarios y comerciantes busquen el mejor postor para vender su producción.
La lucha contra el contrabando usa rutas clandestinas; y, según el viceministro Velásquez, se han identificado al menos 200 pasos ilegales en la línea fronteriza.
El funcionario dice que el Desaguadero es una de las zonas más conflictivas para controlar el contrabando; que es manejado, generalmente, por “clanes familiares”; y que algunos pobladores son utilizados por estos contrabandistas para cometer este ilícito.
“Hay algunas comunidades que colaboran en la lucha contra el contrabando, que realizan la destrucción de las vías clandestinas y participan como informantes;; como también hay otras y malos ciudadanos que son afines al contrabando. Estos comunarios se mimetizan y en la multitud actúan para convulsionar a la comunidad”, explica Velásquez.
Y recuerda que el año pasado, los militares fueron desalojados dos veces del Desaguadero debido al estricto control que realizaban al contrabando. Sin embargo, lograron retornar gracias a la predisposición de dirigentes y comunarios que no apoyan el ilícito.
La lucha contra este ilícito se ha cobrado la vida ya de 17 militares y sigue moviendo una economía criminal en Bolivia.
