La subvención a los combustibles se ha convertido en uno de los principales factores de presión sobre la economía boliviana. Cada año, el monto destinado a cubrir la brecha entre el precio real y el que se vende en el mercado interno va en aumento.
En cuatro años, Bolivia pasó de pagar $us 627 millones a $us 2.400 millones para subvencionar los hidrocarburos, según datos del informe Subvención a los hidrocarburos, una reforma necesaria, de la Fundación Jubileo.
En octubre pasado, el entonces ministro de Economía, Marcelo Montenegro, informó que la subvención a los hidrocarburos llegó a Bs 14.000 millones (más de 2.000 millones de dólares) hasta ese mes, y la calificó como un “gasto fuerte” para el Estado.
Para este año, en el Presupuesto General del Estado (PGE), el Ministerio de Economía destinó para la subvención a los carburantes, insumos y aditivos Bs 15.156 millones. Hasta octubre ya se gastó el 92,3% de ese presupuesto.
Desde la campaña electoral, el ahora presidente Rodrigo Paz anunció que se eliminará el subsidio, pues es una política insostenible. El ministro de Economía, Gabriel Espinoza, anticipó que se elabora un plan que apunta a la focalización del beneficio.
Subvención ciega
El martes pasado, el ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinacelli, informó que la subvención de carburantes representa entre el 4% y el 8% del Producto Interno Bruto (PIB).
Los datos del informe de Jubileo revelan que, por ejemplo, en 2023 se presupuestó $us 1.091 millones; sin embargo, el gasto ejecutado para subvención llegó a $us 1.822 millones, 67% más del presupuesto. Esa cifra representó el 4% del PIB, remarca el informe.
El análisis explica que una cosa es el monto programado para la subvención a los hidrocarburos y otra, el ejecutado, que año tras año va subiendo. (Ver infografía).
Raúl Velásquez Guzmán, analista de energía e hidrocarburos de la Fundación Jubileo, hizo una evaluación en La Razón sobre la situación de la subvención a los hidrocarburos y aclaró que éste no es un problema reciente, sino que data de al menos hace 10 años, cuando comenzó a caer la producción hidrocarburifera.
Aclaró que el país gasta aproximadamente $us 3.000 millones anuales para importar combustibles y otros $us 2.000 millones para subsidiarlos.
Gasto
“En 2021, el presupuesto para la subvención fue de 700 millones de dólares, pero, en realidad, se gastó más de 1.700 millones de dólares. Hoy en día estamos gastando cerca de 2.000 millones de dólares en la subvención, no en la importación hay que aclarar”, informó el especialista.
Este esquema, además de costoso, es una subvención “ciega”, pues beneficia por igual a quienes realmente lo necesitan y a quienes no, sin focalización.
“Los economistas llamamos a ese dinero costo de oportunidad. Es decir, esos $us 2.000 millones se podrían usar en salud, educación, otras necesidades del país”.
Indicó que la producción de hidrocarburos líquidos en Bolivia cayó en 62% en los últimos 10 años. “El 80% del consumo de energía en el país depende de los hidrocarburos”, explicó.
Caída de producción
El experto afirmó que desde hace 21 años no hay exploración petrolera en Bolivia y lo que se hizo durante los últimos años es buscar gas. “Desde 2004 está vigente el Decreto Supremo 27691 que fijó el precio del barril de petróleo en Bolivia en $us 27,11 y eso desincentivó la inversión petrolera porque en el mundo pagaban más. Por ejemplo, en 2008 de pagaba $us 145 el barril, hoy está en $us 65 y ninguna empresa en su sano juicio va venir a Bolivia a buscar petróleo para que le paguen 27 dólares”, aclaró.
En criterio de Velásquez, otro factor para la declinación de producción tiene que ver con una mala política hidrocarburifera que se inició con la Ley de Hidrocarburos de 2005, que sigue vigente.
“Nuestra política hidrocarburífera es rentista; es decir, hemos administrado el sector para sacar más renta, más tajadas sin preocuparnos de que siga habiendo pastel. Además, es estatista y se ha centrado en el gas descuidando otros hidrocarburos”.
Estos factores, sumados a un escenario complejo para el país y “una desastrosa gestión sectorial”, han llevado a una crisis de combustibles sin precedentes.
Velásquez explicó que en 2015 “importábamos 45% del consumo de diésel y 25% de la gasolina; hoy en día el 90% del diésel es importado; es decir, de cada 10 litros que se consume, nueve son importados y uno lo producimos aquí. En el caso de la gasolina, de cada 10 litros, seis son importados y cuatro se producen aquí”.
Y Bolivia importa a precio internacional en dólares y vende a precio subvencionado en bolivianos. Un negocio poco rentable.
Normas
“En enero de 2005 salió el Decreto 27992 que anula la posibilidad de actualizar el precio de la gasolina, diésel y GLP (Gas Licuado de Petróleo) por tipo de cambio o precio internacional. Entonces, esos precios siguen vigentes desde 2005 y 20 años después los bolivianos nos hemos acostumbrado a creer que el precio no se mueve y es absolutamente irreal”.
Esa “distorsión de los precios” ha provocado una situación “crítica” para el país, que no tiene divisas para importar, no produce lo que el mercado demanda y vende con subvención.
Según Jubileo, el litro de diésel que se vende a Bs 3,72 el litro con subvención debería costar hoy en día Bs 13 el litro y la gasolina, que cuesta Bs 3,74 el litro ,tendría que venderse a Bs 14 el litro.
“Hemos roto el concepto de subvención que debería ser una ayuda estatal que otorga el Gobierno a un sector determinado y por un tiempo determinado”.
Para el experto, ese subsidio ha incentivado el uso de la gasolina, pues al ser “tan barata” permite que muchos tengan un auto, aunque sea pequeño, o una moto.
Cuando se implementó la política de subvención el parque automotor alcanzaba a 494.000 vehículos y en 2024 se multiplicó por cinco, alcanzando 2.583.319 vehículos legalmente registrados.
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Problema multisectorial
“En el país tú ves circular autos con una persona a bordo, en otros países, donde se paga el precio internacional, se usa mucho el carpooling (varias personas comparten un mismo vehículo) entre vecinos y viajan cuatro o cinco en un auto y al día siguiente otro vecino el que saca su auto”, contó.
El informe remarca que ,de ser un problema sectorial, hoy en día es multisectorial y macroeconómico, por lo que su eliminación será difícil. “En Bolivia se podía haber hecho gradual desde 2010, poquito a poquito hubiéramos ido saliendo y, en época de bonanza, no lo habríamos sentido tanto; hoy en día vamos a sentirlo hasta las venas por la crisis”.
Acotó que es “insostenible” mantener esta política. “La subvención a hidrocarburos representa casi el 50% del déficit fiscal”.
El economista Luis Fernando Romero coincide con Velásquez en que el subsidio no ha cumplido su función de beneficiar a grupos vulnerables o de bajos ingresos.
Romero explicó a La Razón que el “impacto fiscal directo del subsidio a hidrocarburos fue de $us 2.400 millones durante la gestión 2024 y hasta octubre de este año se estima, según datos oficiales, que fue de $us 2.040 millones”.
Considera que, retirando el subsidio a los hidrocarburos, alimentos y otros, el déficit fiscal del país podría bajar de 10,1% (estimado en 2023 y 2024) a 6,3%. “Esto equivaldría a un ahorro para el Estado de $us 1.805 millones”.
En criterio del economista, el gasto de subvención limita la capacidad de ahorro en reservas internacionales y hace que la economía sea ineficiente.
Inflación reprimida
“Lo que más preocupa es la distorsión de precios en el mercado y ha generado una inflación reprimida porque hay precios relativamente bajos en comparación de otros países”, explicó.
Recordó además que, debido a la subvención de hidrocarburos, el combustible se destina al contrabando, al narcotráfico y a vehículos indocumentados, lo que genera más pérdidas de divisas.
“Es preocupante que, a pesar de los problemas que tiene el país de liquidez, se mantenga esa política. La subvención es un cáncer para la economía”, puntualizó.
La subvención es un problema profundo y complejo; postergar su solución no es una opción.
