Una mirada acertada del modelo económico aplicado por los gobiernos del MAS en los períodos 2006-2019 y 2020-2025 es aquella que encuentra en el estímulo a la demanda interna el principal motor del crecimiento económico y su efecto multiplicador sobre el empleo y el consumo. Se suele llamar estrategia de crecimiento keynesiano, ya que está liderada por la demanda agregada, que induce al equilibrio económico en armonía social y pleno empleo a través de una política audaz y sostenida de inversión pública. Con el tiempo, la expansión de la demanda agregada genera un mayor uso de la moneda local, presionando a la apreciación del tipo de cambio.
Este modelo es consciente de que la expansión de la demanda encuentra límites de restricción externa que pueden condicionar su propia sostenibilidad en el largo plazo; es decir, un mayor empleo y consumo se traduce en un aumento significativo de las importaciones, lo que a su vez incide en déficits de cuenta corriente y presiona a la baja las reservas internacionales acumuladas en el Banco Central. Estas condiciones finalmente desembocan en la escasez de divisas en el mercado interno. Precisamente, en la actualidad, el país enfrenta estas tensiones económicas relacionadas con la escasez de dólares estadounidenses y con déficits fiscales asociados a los altos costos en los que incurre el Estado al subvencionar los precios de la gasolina y el diésel.
Bajo este enfoque económico, las medidas correctivas a dichas tensiones no pasan por la devaluación del tipo de cambio, la reducción del gasto y la inversión pública o la eliminación progresiva de las subvenciones a los carburantes. De lo que se trata es de acelerar el proceso de industrialización, reactivando industrias estratégicas generadoras de divisas que están estancadas, como la del gas, y promoviendo industrias nacientes, como las del hierro y el litio, que en el corto plazo pueden generar excedentes y divisas para el Estado. Esto permitiría mantener niveles altos de inversión y garantizar un mayor crecimiento económico y la creación de empleo. Por otra parte, es importante establecer incentivos fiscales que promuevan el retorno de divisas al país, generadas por exportaciones del sector privado nacional, principalmente de minerales y soya.
Realizando una retrospectiva de las últimas tres décadas y media, se puede decir que la economía boliviana pasó por tres fases claramente identificables: un período de crecimiento moderado y semiestático entre 1990-2005, una fase de bonanza con altos niveles de crecimiento económico entre 2006-2014 y una fase de declive entre 2015-2022. Respecto al acompañamiento de la inversión pública en estas etapas, se puede señalar que, en el primer período, el promedio de la inversión pública ejecutada fue de tan solo 530 millones de dólares. En el segundo período, fue cuatro veces mayor, alcanzando los 2.173 millones de dólares, y, finalmente, en el tercer período, fue seis veces mayor, con un promedio anual de 3.752 millones de dólares de inversión pública.
La bonanza económica experimentada entre los años 2006 y 2014 guarda relación con el boom de los precios internacionales de los hidrocarburos. Sin embargo, la nacionalización de estos en 2006 fue lo que efectivamente posibilitó que los altos precios internacionales se tradujeran en un auge en los ingresos del Estado, principalmente por la exportación de gas a Argentina y Brasil. La nacionalización permitió recuperar el control y la administración de la industria de los hidrocarburos en sus diferentes fases, y se firmaron nuevos contratos con las empresas socias, invirtiendo la relación de ganancias a favor del Estado boliviano. Todo ello permitió incrementar sustancialmente los ingresos estatales por concepto de utilidades e impuestos a los hidrocarburos. Basta con mencionar que el Estado percibió al menos 50.000 millones de dólares por renta petrolera en 17 años, mientras que el proceso de nacionalización de los hidrocarburos tuvo un costo para el Estado de 764 millones de dólares por la compra de acciones capitalizadas negociadas y derivadas de los laudos arbitrales.
Estos excedentes del gas fueron canalizados al mercado interno a través de una inversión pública diversificada, destinada a infraestructura (que incluye proyectos relacionados con la construcción y mantenimiento de carreteras, puentes, sistemas de transporte, energía y telecomunicaciones), el área social (que comprende inversiones en educación, salud, vivienda y desarrollo comunitario, destinadas a mejorar la calidad de vida de la población) y el desarrollo productivo (que abarca proyectos que impulsan la producción agrícola, industrial y de servicios, fomentando el crecimiento económico y la creación de empleo). Esto generó un efecto multiplicador y una dinámica interna pocas veces vista en el país, logrando incrementar sustancialmente el PIB en pocos años. El PIB de 2006, que fue de 11.521 millones de dólares, pasó a 44.010 millones de dólares en 2022; en otras palabras, la producción nacional se cuadruplicó en diecisiete años. Sin embargo, los niveles de reinversión sectorial no fueron suficientes para reactivar la industria del gas ni para poner en marcha a tiempo industrias como la del litio y el hierro, lo que pone en evidencia la necesidad futura de crear fondos de compensación estratégica para recurrir a ellos en períodos de declive.
Respecto al total de la inversión pública ejecutada a nivel nacional, se puede resaltar que entre los años 2015 y 2022 esta alcanzó los 30.020 millones de dólares, de los cuales 10.212 millones fueron destinados a infraestructura, 8.437 millones al área social y 10.097 millones a inversión productiva; en otras palabras, un 34 % de la inversión pública ejecutada fue esencialmente de carácter productivo. Con este esfuerzo en inversión estatal productiva, se incidió en la reactivación de la economía pospandemia y en el retorno a niveles de crecimiento positivos del PIB.
La política económica implementada en el período 1990-2005 mantuvo niveles bajos de inversión interna, debido a que se consideraba que esta era responsabilidad del sector privado y de las empresas extranjeras. En tanto, los recursos públicos fueron destinados mayormente a cubrir salarios y resultaban insuficientes para financiar el presupuesto. Como se mencionó, entre 1990 y 2005 tan solo se destinó a inversión pública un promedio anual de 530 millones de dólares, financiado mayormente con recursos externos (créditos y donaciones) condicionados a la aplicación de determinadas políticas y obtenidos de manera concesional, debido a que Bolivia era vista como un país pobre y altamente endeudado.
A la fecha, se ha revertido la relación de la inversión pública respecto a la inversión total; es decir, para el año 2022, la inversión interna representó dos tercios de la inversión total, mientras que la inversión externa solo alcanzó un tercio.
En los gobiernos del MAS la inversión pública jugó un rol fundamental en la economía, procurando un desarrollo equilibrado de los departamentos y mejorando las condiciones de infraestructura, del sector productivo, social y multisectorial del país. En el periodo 1990-2005, en promedio la ejecución de la inversión pública del departamento de Santa Cruz alcanzó los tan solo $us 103 millones, mientras que en el periodo 2006-2022 fue cinco veces más grande llegando a un promedio de $us 516 millones. La inversión pública promedio ejecutada en el departamento de Santa Cruz, al igual que la del departamento de La Paz, representó alrededor del 19% de la inversión total ejecutada a nivel nacional.
Para finalizar, es preciso señalar que el consolidar una política audaz de inversión pública con mecanismos que garanticen sostenibilidad financiera y control en su ejecución, acompañados de un clima de estabilidad en los precios en general; son las condiciones necesarias para la puesta en marcha de un verdadero proceso de industrialización en el país, que repercuta en crecimientos importantes y de largo plazo en la producción nacional, generando mayor empleo y consumo de calidad. Dichas condiciones, permitirán prontamente desarrollar industrias pesadas, que generen excedentes frescos y divisas para el Estado, diversificando las fuentes de ingresos del Tesoro General y aumentando las reservas internacionales netas del país.
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