La crisis económica que atraviesa Bolivia sigue escalando, con el Gobierno nacional enfrentando varios síntomas visibles de su impacto en la sociedad y la economía. En un contexto electoral tenso y marcado por la incertidumbre, los desafíos como la inflación creciente y la escasez de dólares hablan de la necesidad de respuestas urgentes y eficaces.
Horst Grebe, reconocido economista con amplia experiencia en el análisis de la economía boliviana, analiza la situación actual en un diálogo en exclusiva con Energías & negocios, de La Razón. Nuestro invitado ofrece una mirada profunda sobre los factores que han contribuido al agravamiento, incluyendo las disputas políticas y la carrera electoral.
En sus declaraciones, Grebe señala que las medidas aisladas y la falta de coherencia en la estrategia del gobierno solo perpetúan el malestar social y económico. Según el economista, la única salida viable en este momento es un cambio en la actitud del gobierno, que debe convocar a acuerdos sectoriales para mitigar los daños antes de las elecciones, dada la inviabilidad de operar respuestas más estructurales.
¿Cómo ve la evolución de la crisis actualmente en el país?
Primero que nada, yo creo que la situación no está mejorando en su naturaleza, que es la irrupción en el país de una serie de crisis parciales, pero que se retroalimentan unas a otras. Y dentro de eso, por supuesto que lo primero que hay que hacer es reconocer la existencia de una situación que requiere un tratamiento integral. Y hasta ahora no ha habido un tratamiento integral de la serie de desajustes que caracterizan a la economía y que se agrandan porque estamos en un pleno proceso electoral. Vienen unas elecciones sumamente complejas porque tienen que restablecer los equilibrios democráticos en el país a partir de la manifestación de la voluntad ciudadana en las urnas.
¿Se puede manejar con ajustes administrativos o ya requiere respuestas de mayor envergadura?
La primera cuestión son los síntomas. Claramente hay una inflación que está aumentando y que es bastante más elevada de lo que dicen las cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadística (INE). Y esto es así porque el INE tiene una serie de precios administrados que son los que colocan en la construcción de los índices de inflación y por supuesto la distorsión empieza a agravar la información oficial respecto a la evidencia de los precios en los mercados reales.
Entonces hay una inflación que es mayor a la que reconoce el gobierno. Hay una situación que no da respuesta más allá de la manipulación de las cifras estadísticas, lo que es equivocado en estos casos. Ninguna inflación en las características bolivianas se va a controlar mediante la policía, mediante las prohibiciones, mediante la búsqueda de culpables y las intervenciones arbitrarias en la fijación de determinados precios a la luz de decisiones burocráticas. Por lo tanto, mal manejada la inflación.
El otro síntoma es la carencia de dólares. Los dólares tienen un origen muy claro. Provienen de exportaciones, provienen de remesas, provienen de inversión extranjera y provienen de crédito. Entonces en esos diferentes aspectos el gobierno reacciona mal porque privilegia el control de precios internos y bloquea exportaciones. Hay en este momento proximidad de las cosechas de soya y de otros productos en el oriente que podrían traer alrededor de unos 1.500 millones de dólares de exportación.
¿Dependemos de las exportaciones?
Entonces hay que garantizar que esas exportaciones se realicen en lugar de cerrarlas o tratar de capturarlas prematuramente. Por lo tanto, hay que tomar la precaución de averiguar qué es lo que necesita el sector para realizar sus exportaciones y cumplir con sus objetivos.
Lo otro es tratar de evitar que haya interferencias en el manejo de las exportaciones de productos agropecuarios. Entonces creo que el tema es que si la generación de dólares es importante hay que priorizar primero las exportaciones y después hay que ver qué se hace con las otras opciones a las cuales se está tratando de apelar, que son los créditos que están en el Parlamento.
Y dentro de eso hay que decir la verdad. Los créditos no son para traer combustible. El gobierno trata, comunicacionalmente, de hacer culpables a los de la oposición por la falta de dólares en el país, porque no aprueben los créditos. Dicen que ellos son los culpables de la situación. No hay tal. Pero lo que sí hay es una pelea dentro del oficialismo en sus diferentes fracciones, ahora entre el el evismo y el arcismo, y que eso perjudica gravemente a la gestión. Por lo tanto, hay que darse cuenta de que nos quedan todavía meses hasta las elecciones y después hasta noviembre para la entrega del poder a el nuevo gobierno.
¿Cómo ve la situación del Gobierno nacional?
Es mucho tiempo para mantener la estrategia que ha venido aplicando el gobierno, que es hacer medidas parciales, incompletas, de muy baja calidad profesional y técnica. Pero aumentan enormemente el gasto en publicidad y la gente ya no cree en eso. Es ineficaz, hay que suprimirla y hay que destinar los recursos a una gestión mucho más profesional, mucho más institucionalizada, mejor administrada y con una visión de largo plazo. El gobierno no puede aspirar a resolver todos los problemas que se han acumulado en los últimos cinco años o cuatro años y medio en los siguientes meses.
Consecuentemente, debería ver claramente cuál es su posibilidad de éxito, en qué ámbito. Yo creo que eso es bastante incompatible con el ingreso de una candidatura oficialista de a las pugnas electorales. No creo que tenga ni en la estructura de su equipo acompañante tanto ministerial como de asesores y comunicadores la capacidad de manejar dos y tres crisis al mismo tiempo y en una relación que no se perjudiquen unas a otras.
Aquí está la gran dificultad, que el gobierno no tiene una respuesta a la situación actual y eso pone en riesgo el proceso de agravamiento de los diferentes síntomas de la crisis y obviamente si se la maneja tan mal y se deja que autoridades subalternas mientan a su antojo y confundan a la población entonces también hay un caldo de desconfianza de la población; que, ante el anuncio de que los próximos meses serán menos convenientes en términos de abastecimiento de los mercados y la inflación va a ser mayor, la gente compra por encima de sus necesidades inmediatas. Eso no se controla con publicidad ni con policía. Hay que realmente hacer que los mercados funcionen con la mayor fluidez posible.
Además, hay distorsiones en el ámbito de los hidrocarburos como ya hemos visto y lo más grave es el desvío que hay al contrabando de aproximadamente 600 millones de dólares contrabando a las fronteras de diésel y gasolina.
¿Cuál es su perspectiva sobre el abastecimiento de combustibles?
Hay dudosa transparencia en la contratación de las compras de combustibles y se está haciendo eso por la vía más cara, que son las cisternas. Entonces aquí lo que falta es una visión honesta, clara, sincera y patriótica y ahí tratar de recuperar un mínimo de confianza en la población sobre lo que es el futuro. Creo que estamos ante una situación donde comunicacionalmente el gobierno tiene que cambiar sus prioridades para no engañar a la población.
La adquisición de combustibles es lo más costoso que Bolivia está realizando, diluyéndose en circuitos ilegales sin alcanzar sus objetivos. Además de ser cara, se aplica una subvención que debería suspenderse, manteniéndose solo para necesidades extremas, no para el grueso de la población. En todas las gasolineras se observan larguísimas colas esperando la llegada de cisternas con diésel y gasolina. Es necesario priorizar esto sin caer en la demagogia.
Las medidas, como reducir al 50% el uso de combustible en vehículos oficiales, son casi cómicas. Se vienen malos presagios en los próximos meses y la única respuesta está en manos del gobierno. Si este cambia de actitud y convoca a reuniones sectoriales con empresarios y trabajadores, podrían acordar políticas coherentes en materia de precios, abastecimiento y salarios.
Todos los actores políticos coinciden en que la ley de hidrocarburos debe revisarse, actualizarse y mejorar sus condiciones. Lo ha manifestado el gobierno y también la oposición. ¿Cuál es su perspectiva sobre este aspecto?
Creo que estamos ante uno de los temas que difícilmente podrá ser encarado y resuelto por este gobierno.
El cambio de la ley de hidrocarburos sería posible si existieran condiciones para una propuesta adecuada a las circunstancias, con validez a largo plazo. Significaría sincerar el reparto y excedente de los hidrocarburos, generando un ingreso que hoy ha desaparecido y que en el pasado existió gracias a los precios internacionales y la parte que el gobierno rescataba mediante el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH).
Sin embargo, veo imposible un cambio de la ley. Si ni siquiera se pueden aprobar leyes menores para la realización de las elecciones, ¿cómo se va a abordar una nueva ley de hidrocarburos que mejore los defectos de la legislación anterior y la actualice para permitir inversiones a gran escala con eficiencia, transparencia y calidad empresarial?
No veo voluntad política ni condiciones institucionales para modificarla. Por lo tanto, hay que encontrar soluciones en manos de la administración del Poder Ejecutivo, lo que significa recurrir a decretos. Mediante estos, se pueden ir modificando los factores que afectan la corrupción en el sector de abastecimiento de diésel y gasolina.
¿Cuáles son los ajustes que el país debería encarar junto con la clase política, empresarios, gobierno y otras autoridades para mitigar la crisis hasta antes de noviembre?
Lamentablemente, no creo que se puedan hacer grandes cosas en este momento. Desafortunadamente, las elecciones están próximas y no sería conveniente modificar su fecha. Considero que deben llevarse a cabo en agosto según lo establecido.
Lo único viable es probablemente realizar acuerdos parciales con actores diferenciados para hacer un control de daños. Hay que reconocer que las candidaturas ya están en marcha y en un par de semanas se realizará la inscripción de alianzas.
No veo voluntad ni posibilidades de un acuerdo político para un armisticio económico hasta las elecciones. Ya se han intentado convocatorias que han fracasado por mala preparación, con poca asistencia y sin la seriedad requerida.
Lamentablemente, cada uno de los grandes actores estratégicos está administrando sus objetivos, recursos y prioridades con miras a las elecciones. El único con responsabilidad constitucional, política y moral de implementar soluciones adecuadas es el gobierno, particularmente la Presidencia de la República.
