En agosto de 1988, el entonces ministro de Minería, Jaime Villalobos, firmó un contrato preliminar con el representante de la compañía estadounidense Lithium Corporation of America (Lithco) para la explotación del litio del salar de Uyuni.
Serán 37 años de ese intento de aprovechamiento de este recurso natural cuya cuantificación actual es de 23 millones de toneladas métricas entre ese afamado salar en el noroeste de Potosí y los otros de Pasto Grande y Coipasa, este último en Oruro.
Entonces, el gobierno de Víctor Paz Estenssoro se había interesado seriamente de este proyecto que, sin embargo, había sido escudriñado años antes por otras administraciones del Estado.
Estudio
En su estudio El litio: una perspectiva fallida para Bolivia (1995), Wálter Orellana recuerda que, desde que se hizo público el borrador del contrato en 1989, se produjeron airadas protestas, hasta que, en mayo de 1990, el nuevo presidente, Jaime Paz Zamora, desestimó el documento con el argumento de que éste violaba la norma al no cumplir con una licitación internacional.
El Comité Cívico Potosinista (Comcipo), los comités cívicos de Nor y Sud Lípez, la Federación Regional Única de Trabajadores Campesinos del Altiplano Sud (FRUTCAS) y otras se movilizaron contra la iniciativa.
Entonces, Paz Zamora llamó a licitación y la misma Lithco se adjudicó la explotación de los recursos, a pesar de las dificultades.
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Lithco
En febrero de 1992 fue suscrito el contrato de riesgo compartido. Sin embargo, en 1993, la firma abandonó el país debido a su desacuerdo con cláusulas adicionales. Se instaló después en otro yacimiento de litio, el Salar del Hombre Muerto de Argentina.
A casi cuatro décadas de aquellos episodios, el proyecto tiende a hacer aguas una vez más.
La semana pasada, luego de una bochornosa sesión, la Cámara de Diputados dejó en suspenso la aprobación del contrato con la empresa china Hong Kong CBC para la producción de carbonato de litio en el salar de Uyuni a través de la tecnología de Extracción Directa de Litio (EDL), cuya inversión es de $us 1.030 millones.
El miércoles, también en otra escandalosa reunión, la Comisión de Economía Plural de la Cámara de Diputados, fracasó en su intento de aprobar un segundo contrato, ahora con la compañía rusa Uranium One Group. La inversión propuesta es de $us 975 millones para el desarrollo de una planta de EDL también en Uyuni.
Arce
Los contratos fueron suscritos entre 2023 y 2024 por el gobierno de Luis Arce, quien recordó este jueves que, en 2024, su administración mandó los documentos para su aprobación en la Asamblea Legislativa Plurinacional para su tratamiento, “que fue aplazada hasta febrero de 2025 para llevar a cabo su respectiva socialización”.
Consultado por qué, a 37 años del primer proyecto, Comcipo sigue oponiéndose a la explotación del litio, su presidente actual, Alberto Pérez, dijo que Potosí no está en contra. “Lo que quiere Potosí no es solo que se haga dentro del marco constitucional”, dijo el miércoles en La Razón Radio.
En 2019, otro intento de explotación del litio fracasó, esa vez al influjo de la organización entonces presidida por Marco Antonio Pumari. Entonces, las movilizaciones obligaron al gobierno de Evo Morales abrogar el Decreto Supremo 3738, del 10 de diciembre de 2018, que creaba la empresa mixta mixta YLB-ACISA-E. M., una filial de la empresa estatal Yacimientos del Litio Bolivianos (YLB) y la alemana ACI Systems Alemania GmbH Sucursal Bolivia.
El gobierno de Morales emplazó la Planta de Cloruro de Potasio e instaló las piscinas que no funcionan en tu totalidad.
Por la venta de carbonato de litio, la empresa estatal YLB tuvo Bs 367,04 millones de ingresos entre 2017 y parte de 2025.
Ley del Litio
Pérez admitió que su departamento y el país no reciben beneficios por una eventual explotación del litio hace 37 años.
Son muchos años, ¿hasta cuándo el país va a estar divagando en torno al litio? La pregunta fue planteada el miércoles por La Razón Radio al dirigente. “Sí, no nos oponemos a eso, pero que se haga de manera planificada”, respondió el líder cívico.
Consultado sobre lo injusto que puede resultar que, a tantos años, Potosí (y Oruro) no se beneficia aún del litio, el dirigente respondió: “Toda esa preocupación del pueblo potosino está plasmada en la ley del litio y evaporíticos que se encuentra en las cámaras de Diputados y Senadores.
Dijo que el documento se ocupa de resguardar a la región ante los efectos de la explotación.
Pérez consideró que, si se aprueba la ley, el Gobierno puede firmar los contratos con las empresas extranjeras que quiera. “Ya se tendría una garantía”, dijo.
En su criterio, 51 comunidades del contorno del salar de Uyuni resultarán perjudicadas si es que ahora se aprueban los contratos. Recordó que ahora mismo dichas poblaciones comienzan a migrar fuera de su hábitat.
Problemas
Los problemas que encuentra son la falta de consulta previa respecto de los efectos en el medio ambiente y el sistema hídrico de la región, además de las regalías. Dijo que la propuesta de 3% para Potosí, planteada por el Gobierno, “es una humillación”. En su opinión, sería ideal que las regalías para las regiones productoras alcancen de 10% a 20% respecto de la producción de litio.
Eso “nos hace desconfiar; no actúa de manera clara el Gobierno”, cuestionó Pérez.
Este mismo dirigente, en una anterior entrevista con La Razón Radio, descargó responsabilidades sobre el fracaso del proyecto del litio hace 37 años, a cargo de la compañía estadounidense Lithco, a la dirigencia del Comcipo de entonces. Entonces “hubo oposición por oponerse”, afirmó.
