En menos de tres días y en procesos exprés, la Justicia resolvió, por separado, cuatro procesos en beneficio de Jeanine Áñez, Luis Fernando Camacho y Marco Antonio Pumari, protagonistas de la crisis poselectoral de 2019.
La expresidenta fue favorecida en el caso Senkata, pues se estableció que este proceso debe ventilarse únicamente en un juicio de responsabilidades. Si bien el lunes un juez, David Saka, anuló los obrados, este miércoles también se dispuso la orden de libertada en el caso.
Ese expediente investiga la masacre de Senkata, en El Alto, en la que el 19 de noviembre de 2019 la represión militar y policial terminó con 10 personas fallecidas con impactos de bala.
Jeanine Áñez
Entonces, las Fuerzas Armadas actuaron al amparo del Decreto Supremo 4078, del 14 de noviembre, que eximía de responsabilidades penales a los efectivos represores.
En criterio de su defensa de Áñez, la resolución judicial ratifica que solo la Asamblea Legislativa puede autorizar el juicio de responsabilidades contra la exmandataria.
En paralelo, la exautoridad enfrentará este viernes una audiencia por la masacre de Sacaba —ocurrida el 15 de noviembre del citado año—, donde también hubo 10 muertes por impacto de bala.
Además, Áñez cumple desde el 10 de junio de 2022 una condena de 10 años de prisión por el caso denominado Golpe de Estado II. Ese proceso concluyó con sentencia firme tras determinarse que la exsenadora asumió la Presidencia sin respetar los procedimientos constitucionales.
Marco Antonio Pumari
También fue apartada del caso Golpe de Estado I, cuyo principal acusado es Camacho. El caso se refiere a los hechos precedentes al derrocamiento del entonces presidente Evo Morales en 2019.
Antes había sido beneficiada por su desvinculación del proceso ordinario del caso EBA, sobre la presunta contratación de la gerente de la Empresa Boliviana de Alimentos (EBA).
En el caso de Pumari, en 2019 presidente del Comité Cívico Potosinista (Comcipo), un juez determinó el martes su libertad pura y simple dentro del proceso Golpe de Estado I. El exlíder cívico fue privado de libertad, acusado de liderar la movilización de 2019, que derivaron en la renuncia del entonces presidente Evo Morales.
Sin embargo, el exdirigente aún enfrenta otro proceso penal por la quema del edificio del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Potosí, durante los mismos conflictos. Entonces, consiguió que la Policía Boliviana le ceda la gestión del edificio del TED, que luego fue incendiado.
Luis Fernando Camacho
En el caso de Camacho, la sazón presidente del Comité pro Santa Cruz, también se emitieron fallos favorables en dos procesos judiciales que mantenían al gobernador cruceño en detención preventiva.
SI bien se levantó la medida cautelar, se dispuso a su favor detención domiciliaria con salida laboral, además de una fianza de Bs 100.000.
Igual decisión judicial se aplicó al proceso por el paro de los 36 días, relacionado con las movilizaciones por la postergación del Censo de Población y Vivienda en 2022. En ese caso también debe cumplir su detención en casa y la fianza es del Bs 50.000, además de arraigo. El proceso investiga quema de ornato público y supuestas actitudes racistas durante las protestas.
Procesos
Martín Camacho, abogado del gobernador, explicó que su defendido tiene en total siete procesos judiciales iniciados por el Gobierno. “Son siete procesos que el gobierno del MAS ha iniciado. Los únicos con detención eran Golpe de Estado I y paro de 36 días”, dijo a los periodistas en La Paz.
El jurista agregó que la mayoría de los procesos se encuentra todavía en etapa preliminar o de preparación, sin acusaciones formales.
Entre los casos pendientes contra el gobernador están el denominado Decretazo, relacionado con el Decreto 373, de 2022 firmado durante un viaje de Camacho a Brasil. También se encuentra el proceso del Carro Bombero, que investiga la adquisición presuntamente irregular de un vehículo por 1,7 millones de bolivianos.
Justicia
Otro caso es el del Servicio Departamental de Caminos (Sedcam), vinculado a una adjudicación de maquinaria a una empresa más cara que otras oferentes. También enfrenta acusaciones por presunta malversación de fondos durante su gestión, incluyendo sobreprecios en planillas y contratos lesivos al Estado.
Finalmente, la Fiscalía impulsa el caso de la Notaría. Investiga falsedad ideológica relacionada con su firma cuando ya estaba detenido en Chonchocoro.
Santa Cruz
Conocida la anulación de la detención preventiva en los dos casos que privaban de libertad al otrora líder cívico cruceño, se organizó en esa región un festejo en la plaza 24 de Septiembre. Incluso, el Comité pro Santa Cruz y otros seguidores anunciaron un “gran recibimiento” para el gobernador el viernes, cuando se concrete su salida de prisión y retorno a su departamento.
Los fallos judiciales generan expectativa en la arena política. Hay tensiones entre el oficialismo y sectores opositores que denuncian una supuesta persecución política y judicial.
Aunque Áñez, Pumari y Camacho lograron avances judiciales en estos días, los tres mantienen causas abiertas que podrían definir su futuro político y judicial.
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