El Partido Demócrata Cristiano (PDC) asumirá el poder el próximo 8 de noviembre, con el desafío de achicar el aparato público, mientras enfrenta una administración sobredimensionada y financieramente agotada.
El nuevo gobierno, encabezado por Rodrigo Paz Pereira, buscará desmontar parte del enorme aparato estatal que el Movimiento Al Socialismo (MAS) deja tras casi dos décadas de gestión.
La herencia institucional que recibirá el nuevo Órgano Ejecutivo es abrumadora: 17 ministerios, 56 viceministerios, 34 entidades y unidades desconcentradas, 86 instituciones descentralizadas, más de 30 empresas públicas, cuatro instituciones de control y 15 transferencias permanentes a universidades públicas. En total, más de 200 estructuras que son dependientes del Estado central que, según los expertos, conforman un sistema sobredimensionado, costoso y poco eficiente.
‘Ordenar la casa’
Por ello, en sus primeras declaraciones a medios nacionales e internacionales, Paz Pereira adelantó que buscará cómo reducir el aparato estatal que absorbe una gran cantidad de recursos que el país ya no tiene. El presidente electo se refiere a esta parte de su plan de gobierno como “ordenar la casa” y considera que es lo primero que se debe resolver.
Su equipo económico ya trabaja en un plan de reestructuración institucional que contempla reducir de 17 a 12 ministerios, eliminar duplicidades administrativas y cerrar o fusionar empresas estatales que no generen utilidades. Una de las primeras de las que se analiza el cierre es la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa), que durante años operó con fuertes subsidios y está en el ojo de la tormenta en las últimas semanas, debido a cuestionamientos por falta de transparencia y denuncias de corrupción.
“Estamos quebrados, nueve de los 17 ministerios no tienen dinero ni para los servicios, no hay plata. Han ampliado tanto el Estado que tenía la secretaria su secretaria y la secretaria de la secretaria”, protestó José Armando Torrico, uno de los voceros del PDC.
Aparato estatal
Durante la gestión del MAS, que inició en 2006, el Estado se expandió a un ritmo sin precedentes. Se crearon nuevos ministerios —como el de Culturas o el de Desarrollo Rural y Tierras— y una larga lista de empresas públicas destinadas a impulsar la industrialización, el empleo y la soberanía económica y alimentaria. Sin embargo, muchos de esos proyectos no tuvieron los resultados esperados y se convirtieron en una pesada carga para el Tesoro General de la Nación (TGN).
De acuerdo con algunos economistas, como Fernando Romero, presidente del Colegio Departamental de Economistas de Tarija, el gasto corriente del sector público se triplicó, impulsado principalmente por el crecimiento de la burocracia, los salarios estatales y el mantenimiento de empresas deficitarias. Es así que un gran porcentaje del presupuesto nacional se destina a cubrir sueldos, bonos sociales y el funcionamiento institucional.
Durante la era del MAS, Bolivia pasó de tener unas pocas empresas estratégicas —como Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), la Empresa Nacional de Electricidad (Ende) o la Comibol— a contar con más de 30 firmas estatales, muchas de ellas creadas para proyectos de industrialización o la denominada “sustitución de importaciones”.
Entre ellas figuran la Empresa Boliviana de Alimentos (EBA), B-Agro, la Editorial del Estado, Boliviana de Aviación (BoA), la Empresa Azucarera San Buenaventura (Easba), entre varias otras.
Gasto público
El problema no radica solo en las empresas. La cantidad de viceministerios, direcciones, unidades desconcentradas e instituciones descentralizadas generó una maraña administrativa difícil de controlar. Hay entidades que se superponen en funciones, oficinas con más personal del necesario y direcciones que apenas ejecutan programas mínimos, pero cuentan con estructura completa.
A ello se suma el peso de las universidades públicas en los nueve departamentos, que reciben transferencias estatales muchas veces sin rendición de cuentas ni resultados concretos en investigación o vinculación productiva.
En este escenario, el presidente electo promete un “reordenamiento estatal profundo”, con tres objetivos: reducir el número de ministerios y viceministerios, fusionar entidades con funciones similares y revisar la sostenibilidad de las empresas públicas.
Aunque no fue tan radical como otros de los candidatos respecto a la privatización o cierre de las estatales, Paz Pereira aseguró que no se mantendrá aquella entidad que no genere resultados.
PDC
El nuevo gabinete de transición, que ya comenzó a trabajar tras la segunda vuelta, evalúa la eliminación o fusión de carteras como Culturas, Salud o crear un ministerio que incluya a Desarrollo Productivo, Desarrollo Rural y Planificación del Desarrollo. El argumento central es buscar una mayor eficiencia y ahorro fiscal.
Mientras el PDC se prepara para asumir el mando, su equipo económico asegura que el país enfrenta un aparato estatal inflado, caro y desordenado, que ya no responde a las necesidades de un país en plena crisis fiscal. La apuesta del nuevo gobierno será demostrar que un Estado más pequeño puede ser también más fuerte, siempre que logre mantener los servicios esenciales y reconstruir la confianza ciudadana en la administración pública.
Sin embargo, Gabriel Espinoza, asesor del equipo económico, ya adelantó que las decisiones sobre el futuro del aparato estatal no serán inmediatas, sino que requerirán de un análisis tras conocer las cuentas de forma transparente.
El 8 de noviembre marcará el inicio de un proceso difícil, pero inevitable. Después de casi dos décadas de expansión estatal, el país parece entrar en una nueva era: la del reordenamiento y la austeridad, donde la eficiencia y la transparencia deberán reemplazar al gigantismo burocrático.
