¿Las elecciones generales del 17 de agosto están en riesgo? No, por ahora. El TSE está haciendo su mejor esfuerzo para garantizarlas. Es un esfuerzo encomiable. Y merece pleno respaldo. El problema es que el “blindaje” de los comicios no depende únicamente del Órgano Electoral. Otros actores institucionales y políticos deben mover ficha para despejar el camino. En tanto, el paisaje es brumoso, con desconfianza e incertidumbre. Y estamos a solo un mes de la convocatoria oficial al proceso.
Un primer paso para allanar las elecciones de 2025 se produjo en julio del año pasado. Por iniciativa del TSE, una “cumbre” político-institucional acordó la suspensión excepcional de las primarias para binomios presidenciales. Casi todos estuvieron de acuerdo (excepto Evo). Las primarias eran incómodas porque precipitaban el calendario electoral. Y se argumentó que la prioridad eran las Judiciales, realizadas en diciembre: elecciones mutiladas a gusto y tenor de los autoprorrogados del TCP.
El siguiente tramo fue la aprobación, a mediados de enero pasado, de la ley de distribución de escaños entre departamentos, con arreglo al trabajo técnico realizado por el TSE. Hubo algunas declaraciones con ruido, pero ningún conflicto. Sobre esa base, está en curso la delimitación de las circunscripciones electorales conforme a los datos poblacionales del Censo. Urge desmontar la falacia, repetida mil veces mil, de que “el voto rural vale más que el voto urbano” (sic).
El horizonte está claro, pero el itinerario es incierto. En una nueva Declaración multipartidaria e interinstitucional suscrita hace tres semanas, se asumieron varias tareas y compromisos. En lo esencial, ¿la Asamblea aprobará una ley para garantizar la vigencia plena del principio de preclusión, violado en las elecciones judiciales? ¿El Gobierno garantizará los recursos económicos suficientes para la elección, incluido el voto en el exterior? Son las dos cuestiones que pueden malograr el proceso.
Por supuesto que también es necesario generar mayor confianza en el padrón electoral e implementar un sistema de transmisión de resultados preliminares. Y es fundamental que haya binomios paritarios, debate público obligatorio y participación plena de mujeres e indígenas. Claro que nos gustaría una “elección con integridad”, pero se debe asegurar, como mínimo, una elección competitiva y cierta: en plazos y procedimientos, sin inhabilitaciones a la carta, con resultados aceptados por todos. ¿Llegamos?
Quedan cinco meses para los comicios de agosto. Es imprescindible preservar el mecanismo, aunque nos disguste el resultado. Que la tercera guerra mundial, si acaso, nos pille votando.
FadoCracia paritaria
1. En más de cuatro décadas de democratización en Bolivia, ninguna mujer fue electa presidenta o vicepresidenta del Estado. 2. Lejísimos de la paridad de género, el Órgano Ejecutivo es territorio exclusivo de hombres. La falocracia goza de buena salud. Todavía. 3. Lo mismo ocurre en los departamentos. En cuatro elecciones desde 2005, todos los gobernadores electos fueron hombres. 4. La muletilla de los partidos, dominados por hombres, es de antología: “es que no hay mujeres”. Cierto. No hay mujeres candidatas, ergo, difícilmente habrá mujeres electas. 5. En los 11 comicios presidenciales entre 1979 y 2020, hubo 108 candidatos hombres. ¿Y cuántas mujeres? Solo dos. En la vicepresidencia se maquilla un poco la brecha: 96 hombres, 14 mujeres. 6. La CPE y la ley establecen el principio de paridad para todos los cargos electivos. No se ha reglamentado ni cumplido en los binomios presidenciales. 7. Por ello debemos exigir/celebrar la pronta aprobación de una ley que garantice binomios paritarios en estas elecciones. Así, tras casi medio siglo de democracia, tendremos finalmente, lo menos, una vicepresidenta electa. Avanzamos.
