La crisis económica que vivimos se debe principalmente a la falta de divisas, las que son el resultado de nuestras ventas en el mercado internacional, las exportaciones, en nuestro caso, de materias primas; la minería es un sector clave en este sentido. El año 2024 las exportaciones llegaron a $us 9.059 millones, de los que el 53% correspondió al sector minero, lo que obliga a poner atención al sector, que, como hemos venido sosteniendo, es el más olvidado y descuidado del área productiva. La información que se difunde sobre el tema se refiere a las regalías (en bolivianos devaluados), el daño ambiental y las penosas condiciones del trabajo, que el año pasado provocaron más de 100 muertos en el cerro de Potosí.
La semana pasada la prensa informó que Andean Precious Metals Corp., a través de su subsidiaria, Empresa Minera Manquiri S.A., firmó un contrato con COMIBOL para la venta de 200.000 toneladas de carga bruta de óxidos de mineral con contenidos de plata por el precio de $us 12 la tonelada: la noticia fue originada en fuentes del exterior. Llama la atención, primero porque cualquier acción sobre recursos naturales tiene que ser pública: la consulta previa e informada y la aprobación del contrato por la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) y lo segundo es el precio del contrato. Por informes históricos, las cargas de Pulacayo tienen un contenido de plata de 400-600 g por tonelada, es decir entre 12 y 19 onzas, las que tienen un precio unitario de $us 32; cada tonelada tiene un valor de 384–608 dólares, así el canon de $US12 es irrisorio. Lo que no dice la noticia es que desde hace un año Manquiri recibe estas cargas de un yacimiento cercano, Paca, de la empresa Elephant Silver, que no tiene contrato con COMIBOL.
Otra noticia informa que New Pacific Metals advierte con abandonar el proyecto de Arenas de Plata en Potosí, por falta de seguridad jurídica, denunciando avasallamiento de su concesión en la zona de Canutillos, lo que estaría poniendo en riesgo una inversión de $us 350 millones. Recordemos que esta empresa inició sus operaciones el año 2017 en una pequeña mina llamada “Alcira”. Para hacerla viable pidió un contrato minero a COMIBOL, titular de las áreas circundantes: el contrato firmado por los ejecutivos de la empresa fue rechazado por el poder ejecutivo, por ser mísero el canon de 5% acordado, peor que los contratos de la época neoliberal. Desde esa época no se volvió a mencionar nuevos contratos, aunque la empresa continúa con sus operaciones de exploración, en estas áreas y en otras, anunciando el megaproyecto Silver Sand. Lo cierto es que el Estado no tiene ningún contrato con la empresa, fuera de aquella primera concesión que tampoco se ha adecuado a un contrato administrativo minero. ¿Qué derecho se reclama?
La complacencia de algunos funcionarios no puede determinar la enajenación de los recursos naturales. En la misma COMIBOL se ha iniciado un proceso —con presos de por medio— porque los ejecutivos firmaron un contrato de producción minera para la explotación de la mina de oro de Amayapampa y, sin mediar el permiso de la Asamblea Legislativa, autorizaron su operación.
La norma minera es clara al respecto. Las anteriores concesiones fueron anuladas y pasaron a ser contratos administrativos mineros; esta adecuación es sobre el área original del contrato y están liberados de ir a la ALP para su aprobación; el resto de los contratos administrativos mineros, al igual que los contratos de asociación y producción de COMIBOL, deben merecer la sanción por la Asamblea y ser promulgadas por ley, ¿qué más seguridad jurídica?
El texto constitucional sobre los recursos naturales es fruto de la amarga experiencia de la nación sobre el despojo de nuestra riqueza: la dadivosidad de un tirano canjeando el territorio por caballos o helicópteros, la evasión de impuestos, la exportación de capitales a tierras foráneas —mientras nos condenaban a un sempiterno atraso—, la colocación de concesiones mineras en las bolsas de valores, usándolas como prenda de garantía, la venta de las concesiones, etc. dio paso a que la ley establezca un contrato administrativo minero, por el cual se compromete a ejecutar un plan de trabajo, con licencia social y ambiental, inversión comprometida, un cronograma establecido, y ejecutado directamente por el titular del contrato; el no cumplimiento implica la anulación del contrato. No es fácil hacer minería racional y eficiente, pero es la única manera de cuidar la naturaleza y garantizar la industrialización del país. Además, es una fuente por excelencia de divisas, en regalías solamente, podrían aportar $us 300 millones, pagados en dólares.
José Pimentel Castillo fue dirigente sindical minero.
