Bolivia ha comenzado a atravesar el oscuro callejón de una crisis económica de proporciones similares a las de hace 40 años. De seguir así, tendremos que lidiar con dolorosas consecuencias, cuya magnitud apenas estamos comenzando a visualizar. Las proyecciones son preocupantes y en muchos aspectos, desalentadoras. Sin embargo, hay temas de importancia estratégica, tan sustanciales como la inflación, la falta de divisas, la crisis energética y el déficit fiscal, de los que poco se habla. Se trata del lado B del desarrollo, ese desde cuya vereda hay que gritar para tener voz y voto en la vida del país; me refiero a la inclusión, los derechos sociales, el arte y la cultura.
Con esto en mente, quise indagar qué ofrecen los programas de gobierno de la competencia electoral de agosto, y siendo que los documentos son muy extensos y con un bajo nivel de credibilidad, que desmotiva la lectura in extenso, acudí a herramientas de inteligencia artificial y de la plataforma www.programasgob2025.labtecnosocial.org, donde se pueden realizar búsquedas puntuales.
Comencé por los derechos humanos y la inclusión, descubriendo que tales temas han sido nuevamente ignorados en la mayoría de los programas de gobierno, y con grandes diferencias: si bien ciertos actores presentan propuestas desarrolladas, otros (como ADN y Alianza Popular) apenas mencionan los temas o simplemente no lo hacen. Vaya coincidencia.
El término “inclusión social” está nombrado en cuatro programas de gobierno:
– UN – Creemos. Tres menciones, con referencia a mejorar el alcance de las telecomunicaciones y lucha contra la desigualdad, en el marco de ciudades sostenibles.
– NGP. Nueve menciones, dentro de un capítulo sobre modelo de Estado. Ofrece la creación de un Comité Nacional de Igualdad, con rango ministerial, para luchar contra el racismo, clasismo y sexismo. Plantea la generación de un modelo económico mixto que considera la inclusión social, la estabilidad macroeconómica, la diversificación productiva y el cuidado ambiental. Habla del rol del Estado como regulador estratégico, proveedor de bienes públicos esenciales y promotor de la inclusión social. Propone producción con inclusión social en el marco de un desarrollo territorial que potenciará las vocaciones productivas locales. Asimismo, plantea un acápite específico de estabilidad macroeconómica con inclusión y de un modelo de seguridad interna (delito y narcotráfico) que, a través de la educación, la inclusión social y las oportunidades económicas, trabajará en acciones de prevención.
– Morena. Una mención, como parte del objetivo de vivir bien, con derechos universales y equidad.
– MAS-IPSP. Una mención, como elemento para lograr el bienestar de la población, junto a la generación de empleo, en el marco del impulso al crecimiento sostenido de la economía comunitaria.
Respecto de otros conceptos concretos, como paridad de género; derechos de la población LGBTI+; personas con discapacidad; y niñez y adolescencia encontramos más ausencias que compromisos. Por ejemplo, la población LGBTI+ es nombrada en tres programas:
– PDC. Seis menciones de las cuales dos hablan de “mejoramiento en la calidad de vida”.
– NGP. Tres menciones, en el marco de la oferta del Comité Nacional de Igualdad y de la inclusión desde una mirada integral.
– Morena. Una mención, en su programa de inclusión laboral mediante incentivos.
Por otra parte, nueve programas hablan de propuestas para las personas con discapacidad y cinco plantean acciones relativas a la niñez y la adolescencia: AP, Libre, Morena, NGP y MAS-IPSP.
En cuanto al término género, son 10 los programas de gobierno que lo incluyen, siendo el concepto con mayor cantidad de menciones respecto a las anteriores, donde NGP tiene 25 y APB Súmate, una.
Esta vista rápida y no exhaustiva proporciona una impresión de temas que la ciudadanía debería cuestionar en las campañas. Es también una foto que revela vacíos que no debieron ser y se corrobora, una vez más, que, en un país marcado por coyunturas desafiantes, las deudas de la desigualdad, la discriminación y la exclusión social quedan en segundo plano.
¿Qué señales dan estas omisiones? ¿Falta de visión, de análisis, de sensibilidad, de inteligencia? Recordemos que gran parte de los votantes de Trump en las últimas elecciones en Estados Unidos, lo eligió por razones vinculadas a la economía, sin reflexionar sobre los peligros que implicaba una decisión así, en las dimensiones sociales y culturales.
La inclusión social no puede ser solo un lema: define el acceso equitativo a servicios, oportunidades y participación. El hecho de que solo cuatro de las diez fuerzas políticas hayan mencionado el concepto de “inclusión social” refleja la disparidad de los compromisos. ADN y Alianza Popular no incluyen siquiera una referencia al término, lo que envía un claro mensaje.
Los derechos humanos implican marcos legales, políticas públicas y mecanismos de rendición de cuentas. La equidad de género, incluida por casi todas las organizaciones, muestra avances formales, pero su eficacia dependerá de estrategias concretas que no todos detallan. La ausencia de agendas LGBTI+ y de políticas para personas con discapacidad en la mayoría de los programas denota un déficit de perspectiva interseccional: sin planes específicos de salud, educación y empleo inclusivos, esos grupos seguirán en situación de vulnerabilidad.
La inclusión de la niñez y la adolescencia como sujetos de derechos debe pasar de la mera enunciación simbólica. Propuestas aisladas de becas o comedores escolares son insuficientes si no se vinculan a un enfoque de protección integral, que incluya prevención del abuso, acceso a la educación de calidad y participación.
Una plataforma electoral rica en estos temas no es un detalle menor, sino un imperativo político y ético que demostraría sensibilidad social y previsión estratégica; su ausencia, en cambio, augura políticas fragmentadas y conflictos sociales.
Al trabajar por la inclusión y la equidad de todos los grupos sociales, se fortalece la calidad de vida, la convivencia y se reducen brechas de desigualdad. Esto mejora indicadores de salud, educación y bienestar, pues poblaciones tradicionalmente excluidas reciben atención adecuada. Además, una agenda inclusiva fomenta la cohesión y la confianza ciudadana, elementales para la innovación, la productividad y la sostenibilidad de políticas que abran paso a la prosperidad compartida.
(*) Isabel Navia Quiroga es comunicadora y periodista
