La sociedad boliviana vive lacerada por los tentáculos todopoderosos de la corrupción, misma que al combatirla, tal como Hidra de Lerma, se regenera y multiplica con mayor vigor e impunidad. La falta de transparencia y los hechos de corrupción se han llegado a naturalizar e institucionalizar en todos los ámbitos de la cotidianidad. Cuando algún ciudadano se atreve a denunciar actos o hechos de corrupción es rápidamente amedrentado, amenazado y hostigado por poderes plutocráticos que defienden sus ingresos y modus vivendi. Instituciones públicas, privadas, organizaciones políticas y muchas otras no escapan a la lógica de corrupción naturalizada. Como todo problema también se conocen las soluciones, mismas que no son tomadas en cuenta por los actores con poder de decisión que forman parte del mismo sistema.
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Eventuales soluciones a esta problemática social no solamente pasan por el plano estrictamente jurídico o legal a través del fortalecimiento y ejercicio efectivo de la Ley 974 de Unidades de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, Ley 341 de Participación y Control Social o la Ley 004 de Lucha contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas Marcelo Quiroga Santa Cruz. Las acciones concretas y reales para combatir la corrupción pasan por la elaboración de diagnósticos de riesgos de corrupción en procesos clave de la administración pública tanto en el Órgano Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Electoral en el nivel central, pero también en los niveles de gobiernos regionales, departamentales, municipales y universidades. Ya que, en convocatorias, contrataciones, becas, evaluaciones de personal y otros procesos que vinculan recursos públicos se generan las condiciones económicas que son aprovechadas para actos de corrupción.
La ética es fundamental desde el punto de partida de su objetivación a través de la elaboración de Códigos de Ética que regulen la conducta y las políticas de transparencia en todos los niveles de la administración pública y privada con protocolos de denuncia y sobre todo de protección a los denunciantes. Ya que es frecuente que quien denuncia cualquier acto de corrupción procede inmediatamente a ser amedrentado, amenazado con procesos penales y hostigado con el objetivo de destruir su credibilidad, imagen pública y acallar su voz. Paródicamente, hostigamiento y amenazas que vienen justamente de personajes ligados a delitos fraudulentos como falsedad ideológica, sociedades o asociaciones ficticias y otros similares. La inmoralidad y la sinvergüenzura son primas hermanas de la corrupción.
Debe ser un común denominador de transparencia como política pública nacional la gestión de portales digitales de acceso público a la población capaces de fomentar la transparencia y acceso inmediato a la información de manera proactiva. Con datos abiertos sobre presupuestos, compras, contrataciones, nominas y otros datos de interés general. La transparencia es tarea de todos y parte desde las capacitaciones interactivas y obligatorias ligadas a la integridad, ética pública, confianza interna, externa y lucha contra la corrupción por parte de autoridades, personal administrativo, en las universidades personal docente y todo actor de la cadena de asuntos públicos y servicios a la sociedad civil.
La prevención de irregularidades ligadas a la corrupción puede y debe ser combatida de la mano de alianzas interinstitucionales que generen mayor confianza y credibilidad en la administración de recursos. Se debe propugnar el cumplimiento de estándares internacionales de transparencia y lucha contra la corrupción. Desde todos los niveles se pueden tomar estas y otras acciones concretas como medidas ejemplificadoras, para, de manera evidente y cuantificable, promover una cultura de transparencia, prevenir actos de corrupción y fortalecer los mecanismos de controles internos en todas las dependencias ligadas a servicios destinados a la sociedad civil.
