En los últimos meses han surgido varias opiniones —a veces informadas, a veces no tanto— en torno a uno de los mecanismos más importantes creados para financiar proyectos que ayudan a enfrentar el cambio climático: los créditos de carbono. Vale la pena explicar de dónde vienen y cuál es su verdadero sentido, antes de que el debate se convierta en ruido.
En 1997, con la firma del Protocolo de Kioto, por primera vez, los países acordaron metas de reducción para ciertas naciones industrializadas y crearon mecanismos de flexibilidad para cumplirlas de manera eficiente y económicamente viable. La lógica era clara: si las emisiones tienen un costo para la sociedad, ese costo debe incorporarse a la economía. Así surgieron los Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL), que permitieron que proyectos reales en países en desarrollo recibieran financiamiento internacional a cambio de reducciones certificadas.
Con el tiempo, y especialmente tras el Acuerdo de París de 2015, estos instrumentos evolucionaron hacia un modelo global más amplio, basado en la cooperación entre gobiernos, empresas y certificadoras independientes. Aparecieron nuevos estándares, metodologías más sólidas y un mercado voluntario más dinámico para financiar proyectos que eviten, reduzcan o capten emisiones.
En ese contexto, es fundamental entender el concepto base: cada tonelada de CO₂ que se reduce, evita o captura puede convertirse en un crédito de carbono, siempre y cuando los resultados sean medibles, verificables y permanentes. Una vez certificados, estos créditos pueden comercializarse y generar ingresos adicionales para quienes ejecutan los proyectos de descarbonización.
A partir de esta evolución, el sistema se dividió en dos grandes caminos: los mercados regulados, donde los gobiernos establecen metas obligatorias para sectores específicos, y los mercados voluntarios, donde las organizaciones compensan emisiones por estrategia, reputación o compromiso ambiental. Ambos mecanismos apuntan al mismo objetivo: contribuir a la reducción global de gases de efecto invernadero, que contribuyen a la crisis climática.
Un crédito de carbono es, en esencia, la evidencia certificada de que una tonelada de CO₂ no llegó a la atmósfera o fue retirada de ella. Ni más ni menos. No es un “perdonazo”, ni un “permiso para contaminar” y tampoco es un “simple papel transable”. Es un resultado medible y verificable que debe cumplir condiciones estrictas: debe demostrar adicionalidad, es decir, que la reducción no habría ocurrido sin la existencia del proyecto; debe garantizar trazabilidad, permitiendo seguir cada tonelada desde su origen hasta su venta; debe asegurar permanencia, evitando que el carbono capturado vuelva a liberarse durante un periodo razonable y debe mantener transparencia, de modo que todo el proceso pueda ser auditado y revisado. Cuando estas condiciones se cumplen, el crédito tiene un valor ambiental real y, por tanto, también económico. Cuando no se cumplen, el mecanismo pierde credibilidad.
Hoy, en medio de un debate creciente, Bolivia tiene una oportunidad única —si actúa con transparencia, rigor y visión estratégica— para convertir su patrimonio natural y las iniciativas de la industria en fuentes legítimas de financiamiento climático. Pero para aprovecharlos, necesitamos entender que los créditos de carbono no son un atajo ni un truco financiero. Son una herramienta creada para acelerar la descarbonización, no para reemplazarla.
Conscientes de la importancia de este tema y de la necesidad de elevar el nivel del debate nacional, desde CAINCO y FUNDARES, en coordinación con la Plataforma Mexicana de Mercados de Carbono (México2), estamos impulsando el primer Bolivia Carbon Forum. Será un espacio diseñado para comprender estos conceptos a cabalidad, analizar las tendencias globales e interactuar directamente con actores y expertos internacionales que visitarán el país. Un momento verdaderamente trascendente para el desarrollo del mercado de carbono en Bolivia.
(*) Julio Fernando Silva Sandoval es Director Ejecutivo de FUNDARES
