Son tantos, y tan atropellados, los cambios que se están produciendo que se está generando una suerte de confusión.
Los primeros corresponden a las rémoras y prácticas del pasado. Frente a un proceso electoral, eso significa la repetición de candidaturas “sugeridas” desde el nivel central, la inexplicable chicana procedimentalista para anular contendores y la reacción contra declaraciones del centralismo que, sin causar estado, se pretende convertirlas en casus belli. Para quien siga titulares electorales, el resumen propuesto adquiere representación material rápida.
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Lo que habrá que precisar es que, no existiendo partidos políticos organizados de carácter nacional, y siendo estas elecciones locales en las que prima la relación de los candidatos directamente con su electorado, no habrá mucho espacio para imponer consignas. Me atrevo a afirmar que de estas elecciones saldrán los líderes territoriales más nítidos, sin que sean necesariamente los mejores en todos los casos, que deberán servir de simiente política para la reconstrucción del sistema político territorial. Y con quienes, por razones obvias, el gobierno central estará obligado a trabajar, aunque no sen los suyos.
El segundo espacio es el de los mensajes electorales. En este ámbito, la ausencia de renovación discursiva del liderazgo político nacional, se ha visto arrastrado por la narrativa gubernamental en una combinación todavía irresoluta entre autonomía, 50/50 y federalismo. Como la consigna no está fraguada todavía, los futuros gobernadores y alcaldes presienten que ese será el futuro, que se abre a la creatividad y la innovación. Después de mayo, con las nuevas autoridades posesionadas y con cuatro años y medio de debate y construcción intensa, caminaremos hacia la nueva República.
Sobre esos 2 espacios, sometidos al análisis y a la verificación fáctica, existe un tercero, el más sólido desde el ámbito de estudio de la realidad, que es sobre el que se asentará el futuro; estamos frente a la consistencia democrática territorial que ha sobrevivido el mal gobierno del dispendio, y le dio respuesta con gobernanza a las necesidades de servicio a la gente en los territorios. La base conceptual de esta riqueza parte de la autonomía en sus 3 manifestaciones, la individual, la comunitaria y la territorial en sus organizaciones municipales y departamentales. Y aquí viene la fórmula que los unifica, el modo federal con el que se mueve la sociedad boliviana.
En este espacio tenemos mucho terreno avanzado y corresponde ahora ponerlo en valor. Después de la recuperación democrática del 10 de octubre de 1982, fuimos inventando instrumentos idóneos y eficaces sobre la práctica de ensayo y error. La Ley 843 definió los tributos en función del domicilio del contribuyente. La PP al municipalizar el territorio, constituyó actores ligados al desarrollo que ha permitido un equilibrio precario, pero de gobernanza eficaz. Los Gobiernos Municipales debieron buscar solución a las necesidades básicas que el gobierno nacional no pudo cubrir, además de otros resultados que todavía pasan desapercibidos hasta que se los pone en valor. Hay cultura, turismo y desarrollo económico local en todo el país, gracias a los municipios que hicieron alcanzar los recursos hasta para organizar las fiestas patronales y constituir orquestas de música clásica en la chiquitania; en abril, tendremos la versión número 15 de los Festivales barrocos en el territorio. Muchos no advierten que el alineamiento de las condiciones permitió que APAC organice el 1er Festival el año 1996, dos años después de aprobada la Ley de PP, con el apoyo de los municipios… Bolivia sigue siendo el Estado en América Latina con el mayor porcentaje de transferencia para el desarrollo, 20% de los recursos nacionales, además de los otros que se reprodujeron exorbitantes y malgastados.
Tenemos instrumentos muy importantes para avanzar sin vergüenza como la Ley SAFCO, llevada adelante por el Contralor Antonio Sánchez de Lozada que construyó el andamiaje técnico. La Ley de Participación Popular liberó las capacidades autonómicas y el federalismo fiscal, incorporando a la gente. Y los esfuerzo que se produjeron después con la propuesta autonómica de la Constitución del 2009 y la Ley de gobernaciones autónomas que le fue consecuente, produjeron contradicciones y las dificultades que hoy debemos superar.
En el campo privado, social y productivo, la lista es extraordinaria. La invención de los Fondos de desarrollo para restablecer inequidades, Pro Salud para llenar espacios en los que el gobierno no existía, Bancosol que aportó crédito solidario, la apertura de escuelas, colegios y universidades que cumplieron la labor de crear inteligencia; fortalecimiento de modelos cooperativos, de producción chica, mediana y grande, desde un ámbito que se escucha repetir, el Estado corrupto no sólo no hizo, además puso trabas.
Sobre esto debemos trabajar y terminar de armar el estado autonómico, pre federal. Tenemos la posibilidad de crear otro país, más cercano al que siempre hemos necesitado.
(*) Carlos Hugo Molina es abogado especializado en Derecho Constitucional y Administrativo, docente e investigador
