Las declaraciones de la viceministra de Autonomías, Andrea Barrientos, sobre el debate del llamado “50/50” desataron una reacción inmediata y virulenta en redes sociales y en algunos discursos políticos. Bastó advertir que la discusión sobre los recursos no podía reducirse a un simple reparto de dinero entre el nivel central y las regiones para que surgieran acusaciones de centralismo y desconfianza.
La polémica revela algo más profundo que una disputa coyuntural. Muestra la enorme confusión que existe en el país sobre lo que realmente significa la autonomía.
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Para muchos actores políticos el concepto parece haberse reducido a una demanda presupuestaria. La autonomía, según esa mirada, consistiría básicamente en transferir una mayor proporción de los recursos nacionales hacia gobernaciones, municipios, universidades públicas y otras entidades autonómicas.
Pero esa visión empobrece el sentido mismo del proceso autonómico.
La autonomía no es una bolsa de dinero ni un mecanismo de libre disponibilidad para alimentar el apetito de algunas autoridades regionales. Si ese fuera su verdadero contenido, lo único que estaríamos haciendo sería trasladar a escala territorial los mismos vicios que han debilitado al Estado boliviano durante décadas.
Las experiencias recientes deberían servir de advertencia. En el ámbito municipal y departamental no han sido pocos los escándalos de corrupción, los proyectos fallidos o el uso discrecional de recursos públicos. Pensar que el simple traslado de fondos resolverá los problemas del país es una ilusión peligrosa.
El corazón del sistema autonómico no está en el dinero. Está en las competencias.
La autonomía sólo adquiere sentido cuando las responsabilidades del Estado están claramente definidas entre los distintos niveles de gobierno. Qué corresponde hacer al nivel central. Qué corresponde a los departamentos. Qué corresponde a los municipios. Sin esa delimitación precisa, cualquier debate sobre recursos termina siendo estéril.
Primero deben establecerse con claridad las funciones. Después se asignan los recursos necesarios para cumplirlas. Y finalmente se exige responsabilidad por los resultados.
Ese es el verdadero principio autonómico.
Quien recibe competencias debe tener medios para ejercerlas, pero también la obligación de rendir cuentas ante los ciudadanos. Administrar recursos públicos no debe ser un privilegio político, sino una responsabilidad frente a la sociedad.
Por eso la autonomía no puede separarse de la fiscalización ciudadana. La descentralización del poder sólo tiene sentido si va acompañada de transparencia y control social. De lo contrario, corre el riesgo de convertirse en otra forma de discrecionalidad política.
Dicho esto, conviene ser muy claro en un punto fundamental.
Bolivia ha reclamado autonomía frente al fracaso y a los abusos del centralismo. Y este es el momento de avanzar en esa dirección. La propuesta presidencial recientemente reiterada ha vuelto a colocar el tema en el centro del debate nacional. Sería un error dejar pasar esta oportunidad.
Lo peor sería que el protagonismo político termine retrasando o incluso frustrando ese imperativo nacional.
Durante demasiado tiempo el país ha vivido bajo un modelo excesivamente centralizado que concentra decisiones en instancias alejadas de las realidades regionales. Ese esquema ha demostrado ser lento, burocrático, ineficiente e incapaz de responder a las necesidades concretas de la población.
Las regiones tienen derecho a decidir sobre su propio desarrollo. Tienen derecho a participar activamente en la gestión de su territorio y en la administración de los recursos que contribuyen a generar.
Defender la autonomía hoy no es un capricho político. Es una condición necesaria para modernizar el Estado y acercar las decisiones públicas a los ciudadanos.
Pero esa defensa debe hacerse con seriedad.
Una autonomía verdadera enfrenta al centralismo cuando éste paraliza la iniciativa regional. Al mismo tiempo, acepta la fiscalización de la sociedad y entiende que gobernar implica responder por cada decisión tomada.
La autonomía no busca reemplazar al Estado ni fragmentar al país. Busca hacerlo más eficiente, más cercano y más responsable.
Por eso la discusión no debería centrarse únicamente en cuánto dinero se reparte. Las preguntas más importantes son: quién decide, sobre qué decide y ante quién responde.
Porque la autonomía no debe ser una simple repartija de recursos. Es una forma más exigente de ejercer el poder público. Y una manera más honesta de responder ante la ciudadanía.
(*) Johnny Nogales Viruez es abogado y analista político
