La propuesta de Samuel Doria Medina, bautizada con el enérgico “100 días, carajo”, irrumpió en el debate político boliviano como un relámpago que promete ser rayo de esperanza —o quizás solo un grito de desesperación electoral— frente a la profunda crisis económica que sacude a la población en un país que sigue esperando que los políticos cumplan sus promesas.
El empresario y político promete una reactivación económica fulminante en sus primeros cien días de gobierno, anclada principalmente en la movilización de créditos externos ya aprobados y la audaz reorientación de su uso hacia el asfixiante problema de la falta de divisas y combustible.
A primera vista, la idea seduce por su pragmatismo y por reconocer la urgencia que clama la ciudadanía. Doria Medina señala con precisión la existencia de una bolsa de $us 3.440 millones en créditos externos “congelados”: $us 1.620 millones de la gestión 2024 y $us1.820 millones de la gestión 2025.
Esos millones están pendientes de aprobación por la confrontación entre Evo Morales y el presidente Luis Arce Catacora, una disputa respaldada con entusiasmo por las bancadas opositoras al MAS en la Asamblea Legislativa, donde los parlamentarios están más ocupados en campañas electoralistas que en las necesidades de la población.
El planteamiento de Doria Medina es negociar con organismos internacionales para redirigir estos fondos, originalmente destinados a proyectos específicos (carreteras, puentes y otras obras), hacia el apoyo a la balanza de pagos. Evoca una solución rápida y directa a la escasez que tanto preocupa a los bolivianos. La mención de precedentes internacionales añade un barniz de viabilidad técnica a la propuesta.
Sometido el eslogan electoralista a un análisis más profundo, desde la economía pública y la ciencia política, la promesa de los “100 días, carajo” revela ser un ejercicio de optimismo que roza el voluntarismo, con serias limitaciones estructurales y políticas que amenazan con convertirla en un espejismo en medio del desierto económico.
100 días contra tres murallas
Si bien la falta de liquidez es un síntoma agudo de la crisis, reducir la solución principalmente a la inyección de divisas provenientes de créditos externos ignora las raíces profundas del malestar económico boliviano.
1. Estructura económica deformada: Bolivia no solo sufre por la falta de dólares, sino también por la caída de exportaciones, la fuga de capitales, el congelamiento de inversiones y la dependencia de sectores extractivos. Reorientar fondos no resolverá por sí solo esta maraña estructural.
2. Lógica institucional multilateral: Ningún organismo internacional redirecciona fondos con un chasquido de dedos. Se requieren estudios técnicos, ajustes de contrato, cambios legales y garantías de implementación. Nada de esto se puede lograr en 100 días sin una estructura estatal altamente eficiente, algo que Bolivia hoy no tiene.
3. Imposibilidad matemática de la mayoría legislativa: El propio Doria Medina admite que para su plan es “fundamental” la mayoría parlamentaria. No solo no la tiene, sino que nunca la tuvo en sus tres candidaturas presidenciales.
La propuesta adolece de una estrategia integral que aborde estos desafíos de manera simultánea. ¿Cómo se incentivará la inversión productiva? ¿Qué medidas se tomarán para diversificar la economía más allá de la dependencia de los recursos naturales? ¿Cuál será la hoja de ruta para una política cambiaria sostenible? Estas preguntas cruciales quedan sin respuesta en el planteamiento de los “100 días, carajo”.
La factibilidad de la reorientación de créditos descansa enteramente en la buena voluntad de los organismos internacionales. Si bien existen precedentes, no hay garantía de que todos los acreedores acepten modificar el destino de fondos previamente acordados, especialmente si consideran que los proyectos originales son vitales para el desarrollo a largo plazo de Bolivia.
Además, es ingenuo pensar que estas negociaciones se darán sin condiciones, que podrían implicar reformas económicas o políticas que generen aún más fricción interna.
¿Puede gobernar quien nunca ganó?
La historia electoral de Doria Medina no favorece su nuevo intento. A pesar de presentarse como el empresario capaz de “ordenar la casa”, su respaldo popular ha sido siempre limitado. Como candidato presidencial obtuvo el 7,8% de los votos en 2005; 5,6% en 2009; y 24,2% en 2014.
Aunque logró un segundo lugar en 2009 y 2014, sus fuerzas parlamentarias fueron siempre minoritarias. En 2020 no participó como candidato presidencial, y su intento de ser vicepresidente junto a Jeanine Áñez terminó en un retiro anticipado.
Este es el escollo más significativo para la realización de la promesa de los 100 días: la realidad política boliviana. El propio Doria Medina reconoce “fundamental” la necesidad de contar con una mayoría parlamentaria para desbloquear el financiamiento externo. Sin embargo, las proyecciones para las elecciones del próximo mes de agosto sugieren un escenario de alta fragmentación política, donde es altamente improbable que cualquier fuerza política, incluyendo la suya, obtenga el 51% de representación en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Se repetiría así la historia de hace tres décadas y la de los últimos dos años de gobierno del MAS.
En este contexto, la promesa de los “100 días, carajo” se estrella contra el muro de la aritmética parlamentaria. Incluso si Doria Medina logra convencer a los organismos internacionales de reorientar los créditos, cualquier acuerdo requerirá la aprobación del Legislativo. Con un Parlamento dividido, la posibilidad de que se repita el mismo bloqueo que el candidato critica del gobierno actual es alarmantemente alta.
¿Esperanza o estrategia?
Ante este panorama, surge la pregunta inevitable: ¿la propuesta de los “100 días, carajo” es una hoja de ruta realista para la recuperación económica o una estrategia electoral diseñada para capitalizar el profundo malestar popular?
Si bien el reconocimiento de la urgencia y la identificación de una potencial fuente de financiamiento son puntos a su favor, la simplificación de la crisis y la dependencia de un escenario político improbable generan serias dudas sobre su viabilidad.
Prometer resultados espectaculares en un plazo tan corto, sin abordar las causas estructurales de la crisis y sin una estrategia clara para construir gobernabilidad en un Parlamento fragmentado, podría generar expectativas irreales y, en última instancia, una nueva y profunda frustración en la población.
“100 días, carajo” es una propuesta de alto impacto mediático, que puede ser útil para marcar agenda y capturar la atención del electorado, pero no deja de ser un gesto desesperado frente a la población cansada de discursos técnicos. Su valor estratégico está en abrir el debate sobre el uso de los créditos internacionales y la urgencia de soluciones. Pero su valor práctico, como plan de gobierno, es nulo sin una base legislativa sólida.
Más que un grito
En un país agotado por la escasez y la incertidumbre, la promesa de una solución exprés a través de un audaz “100 días, carajo” puede sonar como una bocanada de aire fresco. Sin embargo, más allá del impacto mediático del eslogan, el plan de Samuel Doria Medina tropieza con las duras realidades económicas, técnicas y políticas del Estado boliviano. Sin mayorías parlamentarias, sin garantías de renegociación inmediata con organismos internacionales y sin una estrategia integral que ataque las raíces de la crisis, la propuesta se asemeja más a una jugada electoral que a un programa de gobierno viable.
En lugar de un “carajo” impulsivo, Bolivia necesita más que promesas impactantes: necesita un plan económico integral, una hoja de ruta de mediano y largo plazo, y un liderazgo capaz de construir mayorías y credibilidad institucional. Lo demás —como este eslogan— son fuegos artificiales sobre un país con el tanque vacío y la paciencia agotada, listo para mandar al carajo 100 días más de carencias angustiantes.
