Pese a la falta de ambiente electoral, una crisis económica y de combustible que no afloja y unos candidatos que no terminan de convencerse de que habrá elecciones generales y que les toca amenizar la fiesta, lo evidente es que en algo más de un mes tendremos comicios
generales, aunque el ambiente, como el clima, esté gélido.
Esta es la definición de una crisis en toda regla. La crisis ha llegado a tocar el sentido de nuestra convivencia social —que nunca fue fácil—, de nuestra filiación democrática —llegando sufridamente a los 45 años— y de otros sentidos básicos sin los cuales no creemos en la sociedad, menos en la política y hasta dudamos de nosotros mismos.
Los factores son varios. Empecemos porque en la raíz del descreimiento y el escepticismo ciudadano está el pésimo desempeño de nuestros políticos y, en particular, de los que protagonizaron la fractura del MAS. Las oposiciones contribuyeron con lo suyo: les faltó liderazgo, cohesión y acabaron divididos en varios pedazos. No pudieron marcar un espacio político propio; simplemente los definió, como su única referencia, el antimasismo. De ahí vino, con el concurso mancomunado del oficialismo, partido en dos, y de las oposiciones, en varios pedazos, la principal dimensión de la crisis que alcanzó a lo institucional con el fracaso estrepitoso del principal órgano del estado y la democracia: la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP). Un órgano que reúne la representación política ciudadana y que tiene la capacidad de impedir que se gobierne o de inviabilizar una gestión como sucedió con el gobierno de Hernán Siles Suazo, en los años ochenta, y ahora con el gobierno de Luis Arce Catacora.
Consecuencia del fracaso al más alto nivel político, se añadió a la crisis político-institucional de la justicia —ya venida a menos y urgida de renovación— la incapacidad legislativa por concertar, convocar y proteger la elección de los altos cargos judiciales para empezar un nuevo ciclo en la administración de justicia a partir del año 2024. El fracaso político se multiplicó, porque en las últimas elecciones judiciales hubo una importante votación ciudadana que impulsó la legitimidad de nuevos magistrados y si la elección hubiese sido completa no tendríamos magistrados autoprorrogados con legitimidad cuestionada y bajo sospecha. Al mismo tiempo, se habría eliminado esa espantosa sensación de una justicia a la deriva o a la carta, como ha sucedido con los amparos constitucionales buscando impedir elecciones sobre las cuales el Tribunal Supremo Electoral (TSE) tiene autoridad exclusiva.
Pese a nuestros políticos, que no entienden ni se preocupan por aprender que la democracia se basa en la capacidad de debatir —lo que implica cultivar conocimientos—, de desarrollar argumentos —lo contrario a los insultos, las calumnias y las agresiones físicas— y de criticar a los contrarios buscando asentar un liderazgo y un consenso que los sostenga. También les cuesta entender que el discurso político, en democracia, es el único mecanismo capaz de sembrar expectativas y esperanzas individuales y colectivas que, por supuesto, deben superar el ámbito de los incondicionales. Felizmente, el tiempo es juez inapelable de la historia y no repara en la calidad de los sujetos y entonces el cronograma electoral avanza —más del 60% y a 35 días del 17 de agosto— con fechas fatídicas y cerrando a su paso las etapas sobre la base del principio de preclusión. Un principio procedimental clave y que es la garantía que hace que nuestro sistema electoral esté entre los mejores a pesar de sus limitaciones tecnológicas. Nuestro TSE pasa por un momento terminal de su gestión —elegido en diciembre del 2019— golpeado y disminuido, pero, con suficiente fuelle para culminar con estas elecciones generales y, si fuera necesario, realizar una segunda vuelta el 17 de octubre, teniendo en claro que el 8 de noviembre debe haber el relevo constitucional democrático.
Para lograr este resultado, desde el mes de febrero se realizaron cumbres políticas e interinstitucionales al más alto nivel —en especial con los dos tribunales de justicia más importantes, el Tribunal Supremo de Justicia y el Tribunal Constitucional Plurinacional, con el TSE al centro y de anfitrión, apuntalando de manera notable su autoridad y su gestión electoral. Por ello llegamos hasta la fecha y nada indica que aparte de algunas indecencias y vergüenzas propias del momento y de la calidad de nuestros políticos, llegaremos a la meta.
Estamos en la recta final y todavía habrá que juntar ánimo, paciencia y espíritu colectivo para aguantar lo que nuestros políticos guardan para decepcionarnos un poco más; aparentemente hay algún concurso del peor desempeño del que solo ellos saben. A lo que se sumará, con entusiasmo y expectativas, rumores y pesadillas que se harán correr para tratar de poner en duda la realización de las elecciones. Pocos se salvan de la ignominia de decir cualquier disparate con tal de conseguir prensa o que la prensa contratada tenga material para apuntalar una candidatura. Si para ello hay que hablar de grupos subversivos, guerrillas, peligros de hambruna, campeonatos de corrupción o cualquier otra desgracia no hay problema; la cuestión es sembrar dudas y golpear al gobierno con la dudosa certeza de que con ello se mejoran las expectativas electorales.
Esperemos que algo de racionalidad impere. Sabotear el acceso al financiamiento internacional es, en realidad, un tiro al pie de los que pretenden salir de cacería porque el grueso de esos imprescindibles dólares americanos solo entrará a medida que se desarrollen los planes de financiamiento, lo que, en la mayoría de los casos, quiere decir meses. Lo mismo vale para proyectos fundamentales como la doble vía Bombeo-Colomi que tendrá años de ejecución y que implica la ruta troncal de la economía Bolivia. Es también el caso del Parque urbano de La Paz, que no solo necesita esta heroica ciudad, sino que lo merece en tanto espacio de esparcimiento y salud ambiental. Y así podríamos citar tantos otros ejemplos, pero es suficiente; poner obstáculos tan graves a una transición gubernamental, no es hacer daño al que sale sino al que entra. No parece difícil el discernimiento, pero la crisis institucional llegó a un límite donde apelar a la racionalidad y el sentido común parece un error.
Algo parecido habrá que decirles a los que están en campaña y aunque no terminan de develar sus verdaderas intenciones, dos razonamientos son imprescindibles: Uno, deben hacerse a la idea que desde ahora hay que formar una masa crítica y un arco de alianzas posibles que viabilice un futuro gobierno, porque tendrán al frente una ALP fragmentada y que no puede repetirse la triste experiencia legislativa de un fracaso de tan funestas consecuencias para el país. Dos, cuidado con no valorar los esfuerzos y los logros de la inclusión que, con sus aciertos y errores, nos ha cambiado el rostro al país. Eso de borrón y cuenta nueva y conmigo empieza otra historia solo es ingenuidad y un grueso error en la comprensión de la historia, sobre todo de la política.
No debemos olvidar que pese a la grave crisis económica que tiene al límite nuestra estabilidad y que se la aguanta porque hemos asumido que nuestro gobierno debe ser democrático representativo, estas son elecciones generales absolutamente históricas, son las del Bicentenario. Dos siglos de existencia del estado independiente de Bolivia, luego de casi tres siglos de coloniaje, que reafirma que hemos elegido un modelo de gobierno republicano y hoy arropado en el molde de un estado plurinacional. Un hecho nada casual, porque representa de forma integral la diversidad cultural y la existencia de pueblos y comunidades indígena originario campesinas, que hasta la reciente Constitución Política no tuvieron el reconocimiento que corresponde al glacis étnico cultural que existe en lo profundo del estado boliviano.
Ojalá, luego de más de dos décadas, un presidente saliente entregue la banda presidencial y el bastón de mando al presidente entrante, olvidando esa ominosa puesta de banda por parte de un militar. Hay que sumar voluntades y esperanzas, porque luego habrá que juntar fuerzas colectivas para superar la crisis. Salud.
