Podríamos decir que muchas cosas en la vida se construyen en base a la confianza como factor fundamental: una relación sentimental, una buena relación laboral, etc. De igual forma, la construcción de un país requiere de confianza para garantizar la estabilidad del gobierno y la estabilidad de la economía.
Cuando un gobierno pierde la confianza de la población, empieza la inestabilidad y la gobernabilidad se debilita en el ámbito económico. Cuando no hay confianza, empieza la incertidumbre y la población empieza a tener expectativas negativas sobre la economía, al creer que la situación empeorará. Deja de invertir, deja de consumir; la gente acopia, la especulación se adueña del mercado y los precios se disparan. En síntesis, cuando no hay confianza en el gobierno, éste pierde gobernabilidad y su política económica deja de ser efectiva.
Pero un gobierno no empieza su mandato con desconfianza por parte de la población, muy por el contrario, al ser el resultado de la victoria en las urnas, en elecciones libres y democráticas, todo gobierno entrante goza de la confianza y legitimidad que le da el pueblo. Esta confianza también se traduce en un tiempo de gracia, uno o dos años de espera y paciencia por parte de la población, para que el nuevo gobierno pueda desarrollar su plan de gobierno y empiece a mostrar resultados; éste es el producto maravilloso de la democracia y de las elecciones libres y transparentes.
En Bolivia, ante una situación tan severa de crisis económica y política, donde se necesitan medidas de shock y ajuste económico inmediatos, la legitimidad y la confianza del pueblo se vuelven imprescindibles para el nuevo gobierno. El actual gobierno ya está de salida y no goza de legitimidad alguna tras cinco años de gestión desastrosa; por eso no puede ni podrá resolver la crisis económica; será un nuevo gobierno que salga victorioso en las urnas el que pueda lograr la confianza y, por tanto, el apoyo social necesario para tomar estas medidas de ajuste económico y de shock.
En Bolivia, al proscribir partidos políticos (FPV-Pan-Bol), frentes (Alianza Popular) e inhabilitar candidatos, se está debilitando peligrosamente la democracia y la consecuente confianza y legitimidad que pueda tener el siguiente gobierno. Las elecciones libres y democráticas no son un capricho cuando hay plena y libre participación; todos los participantes dan legitimidad al proceso electoral, sean perdedores o ganadores, con el solo hecho de haber participado, de haber estado en la papeleta; aunque hayan sido derrotados, habrán perdido en cancha, como se dice coloquialmente, y no podrán desdecirse o desentenderse del proceso electoral y su resultado. Pero, para aquellos que simplemente no se les dejó participar, que fueron excluidos y no pudieron ni ganar o perder, para ese partido y para ese electorado que se quedó también sin su candidato, no se sentirán parte de la democracia ni reconocerán la legitimidad del nuevo gobierno.
El nuevo gobierno nacerá débil, sin la posibilidad de asumir ninguna reforma económica estructural o medidas de shock frente a la crisis y muy probablemente tendrá fecha de expiración corta; el razonamiento de la gente no será: esperemos un tiempo para ver los resultados de la nueva política económica; muy por el contrario se lo tachará de gobierno ilegítimo, de gobierno trucho, popularmente hablando, y saldrá a combatirlo desde el primer día de su mandato. Este análisis se torna aún más crítico si sabemos que a los que se pretende excluir en estas elecciones tienen capacidad de movilización nacional y fuerte presencia territorial como ningún otro partido, frente o candidato. Por tanto, por mucho que se quiera jugar a “maniobrar o controlar” la democracia, ésta, tarde o temprano, se impondrá, si no es en las urnas, en las calles.
Se debe dejar de presionar al Órgano Electoral para inhabilitar partidos políticos, frentes, alianzas y candidatos desde el Ejecutivo, y se debe desconocer al Tribunal Constitucional ilegítimo, ilegal y autoprorrogado que actúa como verdugo y suprapoder. Como ciudadanía, debemos pedir y apoyar que se respete la Constitución Política del Estado y garantizar elecciones libres y democráticas con la participación de todos, dejando que el voto del pueblo sea el que defina al siguiente gobierno, dejando a la democracia generar la confianza y legitimidad necesarias.
Lastimosamente, los efectos de estas decisiones irresponsables de jugar con la democracia las sufrirá el pueblo; el primer efecto, si no se cumple la Constitución y se coarta el derecho de participar, de elegir y ser elegido en democracia, es que no se tendrá un gobierno con gobernabilidad y legitimidad que pueda tomar acciones frente a la crisis; por tanto, vendrá el segundo y más perverso efecto para todo el pueblo boliviano (sean de izquierda o de derecha): la crisis económica se prolongará y se profundizará.
