Producida la segunda vuelta electoral, en la que triunfó con comodidad la fórmula encabezada por Rodrigo Paz Pereira (quien tomará posesión como Presidente constitucional el próximo 8 de noviembre) se ha venido abordando el tema de las relaciones de Bolivia con sus países vecinos y, en especial, con los Estados Unidos (EEUU).
A propósito, corresponde apuntar que la relación diplomática de nuestro país con EEUU tiene importantes hitos, como el que se remonta al siglo XIX, pocos años después de que fuera declarada la Independencia de Bolivia, cuando el 16 de marzo de 1837, EEUU reconoció a la Confederación Perú–boliviana, entidad que el Mariscal Andrés de Santa Cruz conformó entre Bolivia y Perú, y que surgió a la vida jurídica mediante un decreto expedido en Lima el 28 de octubre de 1836.
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Otro importante hito se produjo el 30 de mayo de 1848, fecha en la que EEUU reconoció a Bolivia como un Estado independiente y estableció relaciones diplomáticas formales. En ese entonces, se designó a John Appleton como Encargado de Negocios acreditado en Bolivia, gobernaba nuestro país el célebre caudillo Manuel Isidoro Belzu (1848 a 1855). Fue el presidente de Estados Unidos James K. Polk quien envió a Bolivia al diplomático Appleton que, el 3 de enero de 1849, presentó sus cartas credenciales en La Paz. Desde entonces el vínculo entre ambos países no se rompió nunca.
Ya en el siglo XX, fue durante el gobierno del general Enrique Peñaranda que la oficina que representaba a EEUU en La Paz fue elevada a nivel de embajada, el 4 de enero de 1942. Paralelamente, la República de Bolivia estableció su sede diplomática en la ciudad de Washington. El presidente Peñaranda viajó a Washington en dos oportunidades (abril de 1941 y mayo de 1943). En su segunda visita se reunió con el Presidente Franklin Roosevelt, en la Casa Blanca, y suscribió la Declaración de las Naciones Unidas, documento que precede al nacimiento formal de la ONU.
El gobierno de Peñaranda designó como primer embajador boliviano acreditado en Washington a Luis Fernando Guachalla. Por su parte, el país del norte nombró a Pierre de L. Boal como embajador en nuestro país.
Resulta muy significativo también anotar que el Presidente Harry Truman —quien sucedió a Franklin D Roosevelt a su fallecimiento en el ejercicio del cargo y gobernó entre 1945 y 1953— manifestó su apoyo explícito a Bolivia el año 1950. Truman dijo que estaba a favor de que Bolivia tenga acceso propio al Océano Pacífico, en momentos en que Bolivia y Chile estaban en proceso de negociación para tal fin.
Al año siguiente, en 1951, ante la pregunta de un periodista, el Presidente norteamericano dijo expresamente que “le complacía mucho la idea de dar a Bolivia un puerto en la costa del Pacífico”.
Otra célebre visita a Washington la protagonizó el presidente Víctor Paz Estenssoro, que se reunió con su homólogo John F. Kennedy, el 22 de octubre de 1963, un mes antes de su trágico asesinato.
Bolivia y EEUU no interrumpieron en ningún momento sus relaciones diplomáticas, desde el establecimiento de sus vínculos formales hasta el presente. Aunque hubo situaciones complejas en determinados momentos, tales como el asunto de la desactivación de misiles de fabricación china (año 2005, al finalizar el gobierno de Eduardo Rodríguez Veltzé) y el de la expulsión del embajador norteamericano Philip Goldberg (año 2008, en el gobierno de Evo Morales Ayma) las relaciones diplomáticas entre EEUU y Bolivia no se interrumpieron.
Cuando se produjo la declaración de “persona non grata” del embajador Goldberg por parte del gobierno boliviano —y como es usual en la práctica internacional—, el gobierno de George Bush expulsó también al embajador boliviano en Washington Gustavo Guzmán. A partir de entonces, desde el 12 de septiembre del año 2008, las sedes diplomáticas de ambos países tienen encargados de negocios como jefes de misión, pero las relaciones entre ambos Estados han continuado sin que se hubiera producido una ruptura del vínculo diplomático.
En el contexto posterior a la cesación de embajadores en el año 2008, resulta muy importante citar la presencia del Convenio Marco de Relaciones Bilaterales de Mutuo Respeto y Colaboración, suscrito entre los EEUU y el Estado Plurinacional de Bolivia, el 7 de noviembre de 2011 (durante el primer período del gobierno de Barack Obama y segundo período en el caso de Evo Morales) que ratifica, precisamente, lo afirmado anteriormente en sentido que ambos países no llegaron en ningún caso a una ruptura de relaciones diplomáticas.
Ese Convenio fue firmado en Washington por la subsecretaria de Estado para Democracia y Asuntos Globales, María Otero, y por el viceministro de Relaciones Exteriores de Bolivia, Juan Carlos Alurralde.
El documento consta de 11 páginas y en él se establecen principios y objetivos de la relación bilateral, ratificando que “los principios y propósitos que rigen este Convenio Marco son aquellos consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, la Carta de la Organización de los Estados Americanos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los acuerdos multilaterales de los cuales Bolivia y Estados Unidos de América son partes”.
Asimismo, el Convenio del 2011 afirma que entre los principios rectores se encuentra “el desarrollo de relaciones amistosas y de cooperación basadas en el respeto al principio de igualdad de derechos y autodeterminación de los pueblos”.
Luego de esos enunciados, dicho Convenio dice estar referido “a un conjunto de intereses mutuos en la relación bilateral, incluyendo el diálogo político, la responsabilidad compartida en la lucha contra el narcotráfico y acciones de cooperación, así como de comercio e inversión”.
Precisamente en el tema de lucha contra el narcotráfico, en su artículo IV, el Convenio señala que “las Partes acuerdan trabajar conjuntamente en la lucha contra la producción y tráfico de narcóticos ilícitos para prevenir, combatir y reducir eficaz y mesurablemente, la producción, tráfico y consumo de drogas ilícitas”.
Más aún, el mismo artículo establece que la cooperación de ambos países debe recaer en “el desmantelamiento de las rutas y métodos del narcotráfico y la destrucción de drogas ilícitas, el desmantelamiento de actividades de lavado de dinero y la promoción de desarrollo alternativo integral”; al tiempo que ambas partes “reconocen que la demanda de drogas en las naciones consumidoras y la oferta de drogas desde las naciones productoras tienen efectos corrosivos en las sociedades de todas las naciones”.
Lo señalado anteriormente, que emana de una transcripción textual del Convenio bilateral del año 2011, viene a tono con la posibilidad de que la DEA, agencia antinarcóticos de los EEUU, vuelva a tener presencia en Bolivia.
De la lectura del convenio se puede colegir que la lucha contra el crimen transnacional requiere amplios márgenes de cooperación entre los organismos de Inteligencia y de seguridad de los Estados, por lo que no debería resultar extraño que la DEA tenga nuevamente un punto focal en nuestro país, como la Policía Boliviana bien podría tener uno en Washington.
Es más, el referido Convenio menciona que en la tarea de lucha contra el narcotráfico “… las Partes complementarán y coordinarán mutuamente sus esfuerzos con los gobiernos vecinos de la región y con entidades interesadas como la ONU, la OEA, el Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (Gafisud), la Unión Europea y la Unasur”, lo que ratifica el criterio en sentido que sólo la acción internacional conjunta y coordinada en materia de seguridad puede redituar éxitos en la durísima tarea de luchar contra el narcotráfico y el crimen organizado transnacional.
El Convenio Marco del 2011 se refiere además a los lineamientos de la cooperación (art. III); a la promoción del comercio e inversión (art. V) y al establecimiento de una comisión conjunta (art. VII) para su implementación. Además, prevé que esa comisión debe reunirse de manera alterna en cada país una vez cada dos años o cuando así convenga a las partes.
La misma comisión tenía a su cargo analizar el estado de las relaciones bilaterales, proponer medidas para su fortalecimiento, evaluar las principales áreas de cooperación y la lucha contra el narcotráfico, así como los asuntos de comercio e inversión.
Llama la atención que luego de la firma del Convenio —que en su momento fue ampliamente publicitado y difundido dentro y fuera del país— no se lo hubiera implementado como era de esperar. No obstante, las deficiencias en su implementación pueden perfectamente superarse ahora, al iniciarse el nuevo gobierno que presidirá Rodrigo Paz.
De hecho, el Presidente electo ha declarado a la prensa que pretende fortalecer las relaciones con EEUU, China, Unión Europea y otros países vecinos. Paz ha resumido su visión en una frase: “Espero que Bolivia vuelva al mundo y que el mundo vuelva a Bolivia” y ha declarado que, en su criterio, debe darse prioridad a las relaciones económicas, al comercio y a la inversión, lo cual es plausible, desde todo punto de vista, dado que Bolivia requiere con urgencia capitales para reactivar su maltrecha economía.
En las últimas semanas, y desde que se produjo el acto electoral del 19 de octubre, se han difundido también declaraciones del presidente norteamericano Donald Trump y del secretario de Estado Marco Rubio, quienes han señalado que ven con buenos ojos el cambio político y democrático registrado en Bolivia y anuncian un proceso de mayor cooperación con nuestro país. Si a ello agregamos las dos visitas que Rodrigo Paz ha realizado a los EEUU, se puede avizorar que en poco tiempo se designarán embajadores, tanto por parte de Bolivia como de los EEUU y, de esta manera, se normalizará la relación diplomática entre ambos países.
(*) Walker San Miguel es abogado y exdiplomático
