A una semana de asunción del nuevo gobierno emerge un tema que, de forma silenciosa, compromete la dignidad internacional del país: el permanente, sistemático y notoriamente desproporcionado rechazo de parte de las autoridades consulares del estado español —entidad encargada de tramitas las visas de corta duración para ingreso a territorio Schengen— a las solicitudes de ciudadanos bolivianos para ingresar a territorio europeo.
Las estadísticas oficiales de la Comisión Europea revelan un panorama inequívoco. En 2024 el 42% de las solicitudes de visa presentadas por bolivianos fueron rechazadas, un índice extraordinariamente elevado si se compara con el promedio regional del 29,1%. En 2023 la tasa alcanzó el 35%; en 2021 el 43% de las solicitudes terminó en rechazo. No se trata de variaciones esporádicas, sino de una tendencia que coloca a Bolivia en la franja más aislada del continente.
Mientras la mayoría de países sudamericanos goza de libre acceso al espacio Schengen por hasta noventa días —fruto de convenios colectivos firmados hace varios años—, Bolivia permanece fuera de ese régimen. Así, cada vez que un boliviano desea ingresar a territorio europeo por turismo, trabajo, estudios o por un sencillo viaje familiar, debe enfrentar un proceso burocrático lento, costoso y profundamente incierto.
Para optar por una visa de corta estancia los requisitos son abrumadores. Aunque existen diferentes tipos de permisos, generalmente se exige: solvencia económica equivalente a 100€ diarios; comprobantes verificados de alojamiento, evidencia sólida de arraigo al país de origen (pasaje de retorno, compromisos familiares o dependientes a cargo, contrato laboral, etc.), y seguro de viaje. La obtención de la cita consular demora dos o tres meses. El incumplimiento de alguno de estos requisitos basta para justificar el rechazo. Lo más preocupante es que incluso quienes cumplen con todos los requisitos a veces reciben una negativa sin explicación razonable.
El panorama de las visas de larga estancia tampoco es mejor. Durante el último año se multiplicaron las denuncias de bolivianos a quienes rechazaron su solicitud de visa de larga duración pese a estar sustentadas por causas humanitarias evidentes. En diversas redes sociales de residentes en España, las quejas no son pocas. El caso de una mujer que intentó ingresar para acompañar a su padre que fue operado de cáncer; el de dos ciudadanos nacionalizados españoles, que procuraron reunirse con su madre de 75 años, con carta de invitación y garantía notariada de su manutención; el de una boliviana enferma de cáncer, que solicitó la presencia de su madre; o el de otro residente que pidió autorización para que su padre, de 63 años, lo visitara. Todos ellos recibieron un “no” por respuesta, sin devolución de las cifras pagadas por el trámite, que ascienden a sumas considerable para el promedio de ingresos per cápita en el país.
Estos ejemplos van más allá de la anécdota y se constituyen en síntomas de un problema estructural. Bolivia enfrenta una realidad difícil de ignorar: su relación con Europa enfrenta un obstáculo desproporcionado que afecta a estudiantes, trabajadores y familias separadas por la distancia y por la afectación al legítimo derecho de movilidad internacional.
Algunos podrán argumentar que muchas solicitudes “turísticas” esconden intentos migratorios permanentes. Pero esta realidad no es diferente de la que enfrentan otros países sudamericanos cuyas tasas de aprobación son mucho más altas. Adicionalmente, frente al resto de latinoamericanos, el número de bolivianos en Europa siempre ha sido muy bajo. Por lo tanto, la severidad aplicada exclusivamente en nuestro caso resulta difícil de justificar.
La política exterior no se reduce al establecimiento de relaciones diplomáticas; también consiste en proteger los derechos de los ciudadanos más allá de las fronteras. Renegociar el estatus de Bolivia ante Europa no es un gesto de orgullo nacional sino una necesidad urgente para restaurar la equidad en el trato y evitar que sus ciudadanos enfrenten solos la injusticia consular. Y es que la manera en que un país es tratado en el exterior dice mucho de su propia fortaleza institucional.
Elizabeth Jiménez Landívar es periodista freelance, doctora en educación
