Lo que ocurre hoy en Bolivia no es una transición plena. Se ha producido un cambio de gobierno, pero el sistema impuesto durante dos décadas permanece en gran medida intacto. Se trata de una estructura real, diseñada para sobrevivir incluso a la derrota electoral y conservar el control efectivo del poder.
Las evidencias de esa continuidad son claras.
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La primera es la administración pública. El aparato estatal sigue copado por funcionarios seleccionados más por lealtad política que por mérito o capacidad. Su permanencia pone en riesgo los planes del gobierno en áreas sensibles donde se maneja información, recursos, seguridad, tierras, servicios, energía y representación diplomática. La continuidad de cuadros masistas puede traducirse en sabotaje interno, filtraciones, inercia deliberada o preservación de redes de poder. Ningún proyecto de cambio puede avanzar si el Estado continúa operando con lealtades ajenas al mandato democrático.
El crecimiento desmedido del empleo público no respondió a una lógica de servicio, sino a una estrategia de dominación. El trabajador estatal fue convertido en rehén del poder político, disciplinado por el miedo a perder su sustento.
La segunda evidencia es el andamiaje legal. La Constitución no fue un simple reemplazo nominal de la República por el Estado Plurinacional. Fue el diseño de un marco concebido para blindar un proyecto que se creía eterno. Bajo el discurso de inclusión y derechos, se consolidó de forma ilegal la tuición del Estado sobre la economía, la sociedad y el individuo, cercenando la libertad económica y subordinando al ciudadano al poder central. La ley dejó de ser límite y pasó a ser instrumento.
La tercera evidencia es la urdimbre de los llamados “movimientos sociales”. Sindicatos, gremios y organizaciones comunitarias fueron cooptados mediante prebenda y miedo, degradados hasta convertirse en extensiones funcionales del masismo. Aunque el gobierno haya cambiado, esas estructuras siguen capturadas y disponibles como mecanismos de presión y desestabilización para recuperar privilegios perdidos.
La cuarta evidencia es la persistencia de un poder fáctico en la sombra. Un poder ilícito, territorial y económico que no gobierna formalmente, pero decide; que no da órdenes públicas, pero impone límites. No responde a la ley ni al voto, pero condiciona cada decisión relevante. Es el verdadero poder masista; el que no aparece en los organigramas del Estado, pero define qué se puede hacer y qué no. Mientras ese poder no sea enfrentado con decisión, el Estado seguirá siendo rehén, la legalidad un simulacro y la democracia apenas una administración tolerada.
Pero el cambio sin cambio no se agota en las estructuras. Hay un quinto elemento, menos visible y más inquietante: la huella cultural y psicológica del autoritarismo.
Durante años, una parte de la población fue domesticada para soportar el abuso. Tropelías que en una democracia sana habrían provocado escándalo se volvieron rutina. La arbitrariedad fue normalizada, la corrupción relativizada, la disidencia acallada y la indignación adormecida por el cansancio. No fue sólo tolerancia al atropello; fue aprendizaje de la resignación como norma de convivencia pública.
Ese proceso degradó también el lenguaje. Se enseñó a llamar “cambio” al saqueo, a confundir la democracia con la obediencia ciega, a usar la justicia como castigo selectivo y a presentar el abuso como práctica cotidiana del poder. Las palabras dejaron de describir la realidad y pasaron a encubrirla. Y cuando el lenguaje se vacía, también se empobrece el pensamiento.
A ello se suma la resignación disfrazada de realismo, la idea de que “siempre fue así”, de que “no se puede hacer nada”. Eso no es prudencia, es miedo heredado. El sistema logró algo más eficaz que la represión abierta; instaló la convicción de que cualquier intento de oposición es inútil o peligroso.
Finalmente, se produjo una inversión moral. Al que exige ley se lo acusa de fascista o neoliberal; al que denuncia corrupción, de resentido u opositor; al que reclama institucionalidad, de racista y antipopular. El honesto fue perseguido o aislado. La decencia se volvió incómoda y la transgresión, tolerable.
Todo esto explica por qué el cambio de gobierno no ha significado aún un cambio en el mando real. Las formas pueden modificarse, pero el ejercicio efectivo del poder sigue condicionado. Bolivia vive una transición incompleta, donde el gobierno ha cambiado, pero el sistema resiste.
Liberarse del masismo no es sólo una tarea administrativa ni un ajuste político. Es una exigencia democrática, institucional y moral. Implica recuperar el Estado de las garras de un sistema que lo secuestró al servicio de un proyecto autoritario, alimentado por el socialismo del siglo XXI, el indigenismo instrumentalizado y redes mafiosas de poder ilícito. Mientras ese entramado no sea enfrentado y desmantelado, la transición seguirá siendo apenas formal. Ese poder seguirá actuando detrás del trono.
(*) Johnny Nogales Viruez es abogado y analista político
